Diciembre de 2015

Los resultados de las elecciones generales del 20 de diciembre de 2016 han abierto un nuevo ciclo político en la historia de la democracia española.

En primer lugar, analizaré los resultados y trataré de señalar cuáles son las novedades que me parecen más relevantes. En segundo lugar, analizaré las distintas combinaciones posibles para formar gobierno y trataré de esbozar cuáles son las posibles alternativas que se abren a partir de ahora.

Los resultados

1. La ciudadanía española, con una participación del 73,20% (superior en 4,26 puntos a la de 2011), ha puesto fin al ciclo político que se inició con la Constitución de 1978 y al régimen bipartidista que desde 1982 ha permitido la alternancia en el poder del PSOE y el PP, los dos grandes partidos que han controlado de manera oligárquica la mayor parte de las instituciones del Estado. En 2011, el PP obtuvo 10,8 millones de votos (44,63%) y el PSOE 6,9 (28,76%), lo que sumó un total de 17,8 (73,39%). En 2015, han perdido más de 5 millones (22,66%), lo que revela claramente una crisis del bipartidismo. En efecto, la suma de los votos obtenidos por el PP (7,2 millones, 28,72%, 15,9 puntos menos) y el PSOE (5,5 millones, 22,01%, 6,7 puntos menos) apenas rebasa la mitad de los votos emitidos (12,7 millones, 50,73%). Es el peor resultado del PP desde 1989 y el peor del PSOE en toda la etapa democrática.

2. La segunda gran novedad es la irrupción de nuevos actores políticos, tanto a la derecha como a la izquierda del espectro parlamentario, que han obtenido un destacado porcentaje de votos: Ciudadanos (3,5 millones, 13,93%), Podemos (3,1 millones, 12,67%) y las coaliciones autonómicas de izquierda: en Cataluña, En Comú-Podem (927.940, 3,69%); en la Comunidad Valenciana, Compromís-Podemos-És el Moment (671.071, 2,67%); y en Galicia, Podemos-En Marea-Anova-EU (408.370, 1,63%). En cuanto a los partidos nacionalistas vascos y catalanes, también han sufrido el impacto de los nuevos actores y han perdido cierto peso: en 2011, obtuvieron 31 diputados (PNV 5, Amaiur 7, CiU 16 y ERC 3), mientras que en 2015 han obtenido 25 (PNV 6, EH Bildu 2, Democràcia i Llibertat 8 y Esquerra Republicana de Cataluya 9). Los medios de comunicación suelen sumar los resultados de Podemos con los de las tres candidaturas autonómicas citadas y le asignan un total de 5,1 millones de votos (20,66%), con lo que este partido se aproximaría bastante al PSOE y sería la tercera fuerza política en número de votos y de diputados. Pero esta suma no es correcta, porque las tres candidaturas autonómicas son coaliciones de partidos (uno de los cuales, ciertamente, es Podemos) y porque cada una de ellas pretende formar un grupo parlamentario propio. Por ejemplo, de los 6 diputados obtenidos por la candidatura gallega Podemos-En Marea-Anova-EU, 2 son de Podemos, 2 de los nacionalistas de Anova, 1 de Esquerda Unida y 1 independiente. Algo parecido sucede con las candidaturas catalana y valenciana. Conviene no olvidar esto para medir el peso efectivo de Podemos, para valorar la novedad e importancia de las candidaturas de confluencia autonómicas, y para comprender la gran diversidad y fragmentación del nuevo mapa parlamentario.

3. Este doble cambio (la caída del bipartidismo y la irrupción de nuevos actores políticos) se ha visto atenuado por un sistema electoral muy poco proporcional (debido al efecto de las circunscripciones provinciales), que privilegia claramente a los dos partidos más votados. La suma de votos del PP y el PSOE es de 12,7 millones (50,73%), por lo que debería corresponderles la mitad más uno de los diputados, es decir, 176 de 350. Sin embargo, el actual sistema electoral les asigna 213 (60,71%). El PP ha obtenido 123 escaños, el PSOE 90, Podemos 42 (aunque se le asignan 69, al sumarle los 12 de En Comú-Podem, los 9 de Compromís-Podemos-És el Moment y los 6 de Podemos-En Marea-Anova-EU), Ciudadanos 40, Esquerra Republicana de Catalunya 9, Democràcia i Llibertat 8, PNV 6, IU-Unidad Popular 2, EH Bildu 2 y Coalición Canaria 1. En cambio, si hubiera una proporcionalidad plena, al PP le corresponderían 104 escaños (19 menos), al PSOE 79 (11 menos), a Podemos y las coaliciones afines 73 (4 más), a Ciudadanos 50 (10 más), a IU-Unidad Popular 13 (11 más) y al resto de partidos 5 más.

4. El efecto distorsionador del sistema electoral es mucho más escandaloso en el Senado: el PP obtiene una holgada mayoría absoluta (124 de 208 senadores) con el 29,96% del voto, Ciudadanos e IU-Unidad Popular no obtienen representación alguna, mientras que sí la obtienen las candidaturas unitarias autonómicas de izquierda y los partidos nacionalistas, por escaso que sea su porcentaje de voto: PP (29,96%, 124), PSOE (22,84%, 47), Podemos (11,27%, 9), Ciudadanos (11,17%, 0), IU-Unidad Popular (3,57%, 0), En Comú-Podem (3,05%, 4), ERC-CATSI (2,84%, 6), Podemos-Compromís-És el Moment (2,62%, 1), Democràcia i Llibertat (2,31%, 6), Podemos-En Marea-Anova-EU (1,49%, 2), PNV (1,37%, 6), Cambio-Aldaketa (0,43%, 1), CCa-PNC (0,24%, 1) y ASG (0,01%, 1). La mayoría absoluta del PP en el Senado no tendrá grandes efectos en la actividad legislativa ordinaria, aunque el PP no consiga el gobierno del Estado: si está en la oposición, el PP podrá retrasar la aprobación de las leyes, pero no impedirla, porque la última palabra la tiene el Congreso. En cambio, hay dos asuntos donde sí es relevante: en primer lugar, el PP puede bloquear la reforma constitucional con su mayoría absoluta en el Senado, incluida la reforma del propio Senado; en segundo lugar, habría que contar igualmente con el PP para poder aplicar el artículo 155 de la Constitución, por ejemplo, en caso de que el gobierno quiera suspender la autonomía catalana e intervenir sus cuentas.

5. Sin duda alguna, la gran perjudicada por este sistema electoral ha sido Izquierda Unida-Unidad Popular, que con 923.133 votos (3,67%) y con un candidato (Alberto Garzón) muy bien valorado por el electorado español (por encima de Pablo Iglesias, Pedro Sánchez y Mariano Rajoy), sólo ha obtenido 2 diputados en el Congreso (y ningún senador, con el 3,57% del voto), lo que supone un coste de 461.000 votos por diputado, mientras que al PP cada escaño le ha costado sólo 58.000 votos. Esto revela hasta qué punto el actual sistema electoral es claramente injusto y contraviene el principio de proporcionalidad consagrado por la Constitución española. Este sistema electoral distorsiona doblemente la voluntad popular: no solo produce el efecto de sobrerrepresentación de unos partidos e infrarrepresentación de otros, sino que este mismo efecto, anunciado de antemano por las encuestas, incita a los electores a practicar el llamado “voto útil”, lo que acentúa todavía más las distorsiones creadas por la ley electoral. Por ejemplo, una parte del voto obtenido por Podemos es “voto útil” de electores que habrían preferido votar a IU-UP, si la ley electoral fuera plenamente proporcional e hiciera de todo voto un voto útil.

6. En el caso de Podemos e IU-UP, el efecto distorsionador del sistema electoral se ha visto agravado por la incapacidad de estos dos partidos para presentarse a las elecciones en una candidatura estatal conjunta o en candidaturas autonómicas análogas a las de Cataluña, Galicia y Comunidad Valenciana, que podrían haber obtenido 14 escaños más, lo que habría supuesto un total de 85 diputados. Esos escaños de más los habrían perdido el PP (7), Ciudadanos (4), PSOE (2) y PNV (1), de modo que la suma de PSOE, Podemos, IU-UP y las coaliciones de izquierda de Cataluña, Galicia y Comunidad Valenciana habría llegado a los 173 diputados, rozando la mayoría absoluta (176).

7. Otro resultado notable de estas elecciones ha sido el hundimiento de UPyD. Este pequeño partido de ideología liberal-social nació contra el bipartidismo imperante mucho antes de la irrupción de Podemos y Ciudadanos, obtuvo una cierta representación en el Congreso, los parlamentos autonómicos y los ayuntamientos, y luchó sobre todo por la unidad de España y por la regeneración democrática. De hecho, tras la crisis iniciada en 2008, cuando llegaron los recortes y se multiplicaron los casos de corrupción, UPyD e Izquierda Unida comenzaron a crecer a costa de los dos grandes partidos: UPyD creció a costa del PP e Izquierda Unida lo hizo a costa del PSOE. Pero la irrupción de Podemos dañó muy seriamente a Izquierda Unida y la irrupción de Ciudadanos ha provocado el hundimiento total de UPyD, que no ha logrado ni un solo diputado con sus 153.498 votos (0,61%). El gran error de UPyD fue no aliarse con Ciudadanos e integrarlo en su propia estructura estatal cuando este partido era una pequeña formación exclusivamente circunscrita a Cataluña.

8. A pesar de la caída del bipartidismo PP-PSOE, la irrupción de nuevos actores políticos (Podemos, Ciudadanos y las coaliciones autonómicas de izquierda), la consiguiente diversificación del parlamento y, sobre todo, la estrategia centrista y “transversal” de los dos grandes partidos emergentes (Podemos y Ciudadanos), empeñados en cuestionar como “vieja” la división ideológica entre “derecha” e “izquierda” (a la que han querido identificar con el régimen de alternancia bipartidista), otro aspecto relevante de estas elecciones es que han seguido manteniéndose muy claramente dos bloques político-ideológicos divididos por el eje derecha/izquierda y con un peso más o menos equivalente, aunque con un claro giro hacia la izquierda. En primer lugar, Ciudadanos ha crecido fundamentalmente gracias a los electores de derechas que querían castigar al PP sin dejar de ser de derechas, y Podemos ha crecido fundamentalmente gracias a los electores de izquierdas que querían castigar al PSOE sin dejar de ser de izquierdas. En segundo lugar, tras las elecciones autonómicas y municipales, Ciudadanos ha dado su apoyo a gobiernos del PP (con la excepción de Andalucía) y Podemos ha dado su apoyo a gobiernos del PSOE. Y, en tercer lugar, la suma de votos de PP (7,21 millones, 28,72%,) y Ciudadanos (3,50 millones, 13,93%) es de 10,71 millones (42,65%), una cifra que es inferior en casi un millón de votos a los 11,64 (46,34%) del conjunto de la izquierda: PSOE (5,53 millones, 22,01%), Podemos (3,18 millones, 12,67%), las coaliciones autonómicas de izquierda (2,00 millones, 8,00%) e IU-Unidad Popular (923.133 votos, 3,67%).

9. Otra gran novedad de estas elecciones, que también está relacionada con el eje derecha/izquierda y con el ascenso de esta última, es el elevado número de mujeres diputadas: nada menos que 138 de 350 (el 39,4%). Es el porcentaje más alto de toda la historia de la democracia española y uno de los más altos de Europa. Esta presencia femenina no está repartida por igual en todos los partidos, sino que se observa una clara diferencia entre la izquierda y la derecha. Podemos y sus coaliciones afines son los grupos con un porcentaje más alto de mujeres, casi paritario: 49,28%. Mientras que Ciudadanos es la formación con menos porcentaje de diputadas, pues sólo cuenta con una quinta parte: 8 mujeres frente a 32 hombres. A continuación, el partido con un porcentaje menor de diputadas es el PP: 44 mujeres frente a 79 hombres. En cambio, el PSOE cuenta con un 46%: 41 mujeres y 49 hombres. Y Unidad Popular-Izquierda Unida contará con 1 hombre y 1 mujer. También conviene señalar otra novedad: una de las diputadas de Podemos-Compromís-És el Moment, Rita Bosaho, nacida en Guinea Ecuatorial, es la primera mujer negra que entra en el parlamento español.

10. En cuanto a la distribución territorial del voto, hay claras diferencias entre las zonas rurales (donde se concentra el voto a los dos partidos hasta ahora hegemónicos: PP y PSOE) y las zonas urbanas (donde se concentra el voto a los partidos emergentes Ciudadanos y Podemos, y a las coaliciones autonómicas de izquierda). También hay diferencias entre las regiones dominadas por el PSOE (Andalucía, Extremadura, parte de Castilla-La Mancha y Asturias), las dominadas por el PP (Murcia, Madrid, Castilla-León y parte de Valencia y Galicia) y las dominadas por las candidaturas unitarias de izquierda y los partidos nacionalistas (Cataluña, País Vasco, Navarra y, en parte, Valencia y Galicia).

11. El caso de Cataluña es muy significativo: tras la polarización que se produjo en las elecciones autonómicas entre los independentistas (JxSí y CUP, 62 y 10 diputados) y los españolistas (Ciudadanos y PP, 25 y 11 diputados), que dejó en muy mala posición a PSC y CatSíqueesPot (16 y 11 diputados), en las elecciones generales ha sido la candidatura de En Comú Podem la que ha logrado el mayor porcentaje de votos (24,7%) en el ámbito catalán, al presentarse como árbitro del litigio con su propuesta de referéndum vinculante. Conviene tener en cuenta este dato, porque el éxito de En Comú-Podem va a condicionar la estrategia estatal de Podemos, pero al mismo tiempo le va a permitir ejercer un papel decisivo a la hora de afrontar la reforma constitucional y la respuesta al desafío independentista.

12. El caso de la Región de Murcia es también significativo, aunque por un motivo muy diferente. A pesar de los estragos económicos, sociales y culturales causados por más de 20 años de gobierno del PP, la región murciana sigue siendo la comunidad más conservadora de España, al haber obtenido el bloque de derechas 7 de los 10 diputados de la circunscripción (aunque esto ha sido posible también por el efecto distorsionador del sistema electoral y por la desunión de la izquierda): PP (40,44%, 5 diputados), PSOE (20,32%, 2 diputados), Ciudadanos (17,67%, 2 diputados), Podemos (15,16%, 1 diputado) e IU-UP (3,13%, 0 diputados). La suma de Podemos e IU-UP habría superado a Ciudadanos y habría conseguido un segundo diputado, que se habría restado al PP, de modo que la diferencia en diputados entre el bloque de la derecha (58,11%, 4+2 diputados) y el de la izquierda (38,61% y 2+2 diputados) habría sido mucho menor.

13. Un último aspecto relevante es la distribución del voto por edades. Sin duda alguna, la quiebra del bipartidismo y la irrupción de nuevos actores políticos responde a una clara fractura generacional entre quienes protagonizaron la transición democrática e instituyeron el “régimen del 78”, y quienes nacieron tras la muerte de Franco y han sufrido la crisis económica, los recortes, el paro juvenil, la emigración, la gerontocracia del bipartidismo, la corrupción política, las puertas giratorias, etc. Tanto las encuestas preelectorales del CIS como los resultados de las elecciones del 20D lo indican: el PSOE y, sobre todo, el PP siguen sosteniendo su tradicional hegemonía gracias al voto de los mayores de 45 años, que se concentra en las zonas rurales, mientras que los electores más jóvenes (que residen más bien en las zonas urbanas) son los que han votado mayoritariamente a Podemos, Ciudadanos y las candidaturas unitarias de izquierda. Este sesgo de edad se ve acentuado por el envejecimiento creciente de la población española y por el hecho de que el abstencionismo es mucho elevado entre los jóvenes que entre los mayores. De modo que en estas elecciones se ha puesto de manifiesto la existencia de una confrontación entre las generaciones, sobre la que ha llamado la atención mi colega José Luis Villacañas en su artículo “Una España que nace y otra que bosteza”: los más jóvenes pugnan por un cambio profundo del régimen heredado, mientras que los más viejos tratan de impedirlo a toda costa.

14. En resumen, la diversidad del nuevo mapa parlamentario no hace sino reflejar la complejidad de la sociedad española y los muchos conflictos que la atraviesan: no solo la lucha entre los partidos e ideologías políticas de derechas y de izquierdas, sino también la creciente desigualdad entre las distintas clases socio-económicas, y la distancia entre las zonas rurales y las urbanas, y el desequilibrio entre la España del norte y la del sur, y el conflicto ya centenario entre el nacionalismo españolista y los nacionalismos periféricos, y el combate no menos secular entre el patriarcado y el feminismo, y la confrontación entre las generaciones más jóvenes y las más viejas. Esto lo que el filósofo y podemista Santiago Alba Rico ha subrayado en su artículo "Españas contra Españas".

Las alternativas

La primera consecuencia de la quiebra del bipartidismo y de la diversificación del mapa parlamentario es que ya no hay ningún partido político con mayoría suficiente para gobernar. De modo que es ineludible que los partidos abran un proceso de negociaciones a varias bandas para formar un gobierno de coalición o un gobierno en minoría con suficiente apoyo parlamentario.

En caso de que las negociaciones fracasen, será preciso convocar nuevas elecciones. Es la primera vez que se produce esta situación de fragmentación parlamentaria, apertura de posibilidades e inquietante incertidumbre, desde los años de la transición. Y esto indica que estamos ante el inicio de un nuevo ciclo político, es decir, ante una “segunda transición” de la democracia española.

Una cosa es que el PP haya sido el partido más votado y otra muy diferente es que haya “ganado” las elecciones, como se empeñan en proclamar una y otra vez sus dirigentes. Si no cuenta con mayoría absoluta para gobernar en solitario, ¿qué quiere decir que ha “ganado”, cuando más bien ha “perdido” 3,6 millones de votos y ha bajado nada menos que 15,91 puntos porcentuales, pasando del 44,63% en 2011 al 28,72% en 2015? El hecho de haber sido el partido más votado solamente le permite, porque así lo establece la legislación española, tomar la iniciativa para buscar aliados de gobierno, pero nada más. Si su búsqueda de aliados fracasa, tendrá que ceder la iniciativa al segundo partido más votado, que es el PSOE. Y si este también fracasa, habrá que convocar nuevas elecciones. Como ya he dicho antes, esta situación de fragmentación, apertura e incertidumbre del nuevo mapa político es el indicador más claro de que en estas elecciones no ha habido ningún ganador claro.

Veamos con más detalle cuáles son las cuatro opciones posibles:

1. Una gran coalición PP-PSOE. Esta sería la única opción en la que bastaría el acuerdo de dos partidos (los dos más votados y también los dos más privilegiados por el sistema electoral) para obtener mayoría absoluta y formar un gobierno estable. Sería la opción preferida por los defensores a ultranza del bipartidismo en el seno de ambos partidos, pero también por los poderes fácticos: la Comisión Europea, el FMI, la banca, el gran empresariado, los inversores especulativos, las agencias de calificación de riesgos, el ejército, la monarquía y la Iglesia católica. Es la opción preferida por el PP y la que Mariano Rajoy ya ha propuesto abiertamente a Pedro Sánchez, pero este la ha rechazado, porque la mayoría de sus electores no lo aprobarían, porque supondría el suicidio político del PSOE y porque cree que tiene cierto margen para formar un gobierno de izquierdas presidido por él mismo.

2. Un gobierno en minoría del PP, con la abstención del PSOE y Ciudadanos, y con un pacto de legislatura PP-PSOE-Ciudadanos. Esta es la segunda posibilidad ofrecida por el PP al PSOE y la opción preferida por Ciudadanos, porque le permitiría influir en el nuevo gobierno. Albert Rivera se pasó toda la campaña electoral proclamando el fin del bipartidismo y prometiendo que no daría su apoyo a ningún gobierno del PP o del PSOE, pero el último día de campaña (cuando las encuestas andorranas anticipaban el ascenso de Podemos y el desinflamiento de Ciudadanos) se apresuró a anunciar que dejaría gobernar al PP, como ya está haciendo en muchas comunidades autónomas. Y, una vez pasado el 20D y confirmado su cuarto puesto, propone un pacto de Ciudadanos con PP-PSOE para dejar gobernar al PP, para apuntalar el bipartidismo y para dejar fuera a Podemos, a las candidaturas autonómicas de izquierda y a los nacionalistas vascos y catalanes. Con ello, Ciudadanos ha revelado claramente que es una muleta del PP, su cara amable y juvenil. Pero Pedro Sánchez también ha rechazado esta segunda opción. De momento, el PP solo cuenta con Ciudadanos como aliado, pero la suma de diputados del PP (123) y de Ciudadanos (40) es de 163 y, por tanto, les faltan 13 para llegar a los 176 que se requieren para contar con mayoría absoluta y formar un gobierno estable. Y no es previsible que cuenten con el apoyo de otros partidos, ni siquiera con los 6 diputados del PNV, que en cualquier caso no serían suficientes. De modo que, si el PSOE mantiene su rechazo, Mariano Rajoy no podrá formar gobierno y tendrá que ceder la iniciativa a Pedro Sánchez.

3. Un gobierno de coalición de izquierdas o bien un gobierno en minoría del PSOE, con el apoyo del resto de las formaciones de izquierda (Podemos, las tres candidaturas autonómicas e IU-UP) y de algunos partidos nacionalistas vascos y/o catalanes. La suma de diputados del PSOE (90), Podemos con sus coaliciones afines (69) e IU-UP (2) es de 161 y, por tanto, les faltan 15 para llegar a la mayoría absoluta. Es cierto que el PSOE, Podemos e IU-UP, a diferencia del PP y Ciudadanos, podrían contar con el apoyo de algunas formaciones autonómicas, pero para alcanzar la mayoría absoluta necesitarían el voto de los independentistas catalanes (ERC y/o DL). El problema principal de esta opción es, precisamente, la “cuestión catalana”: Podemos se presentó a las elecciones con la promesa de un referéndum vinculante para Cataluña y gracias a ello la coalición En Comú-Podem ha sido la formación más votada en esa comunidad; los dos partidos independentistas catalanes (es decir, los 9 diputados de ERC y los 8 de DL) no apoyarán a un gobierno que no les prometa ese referéndum; los barones del PSOE, alentados por Susana Díaz (que pretende evitar la formación de un gobierno de izquierdas, precipitar unas nuevas elecciones, celebrar un congreso del partido, defenestrar a Pedro Sánchez y postularse como nueva candidata a la presidencia del gobierno), se oponen rotundamente a un gobierno con Podemos que incluya la promesa del referéndum a los independentistas catalanes; y, aun en el caso de que el PSOE se mostrara dispuesto a explorar esa vía, el PP cuenta con mayoría de bloqueo suficiente (tanto en el Congreso como en el Senado) para impedir cualquier reforma constitucional que incluya la regulación de dicho referéndum.

4. Así que, si no se adopta ninguna de las tres opciones de gobierno precedentes, la única salida posible es la convocatoria de nuevas elecciones. En tal caso, todos los partidos comenzarán a acusarse mutuamente por no haber sido capaces de negociar y formar gobierno, sea un gobierno de coalición o un gobierno en minoría sostenido por un pacto de legislatura y una mayoría parlamentaria más o menos sólida. PP y Ciudadanos acusarán al PSOE por no tener “sentido de Estado”, al no pactar con ellos; el PSOE acusará a Ciudadanos por ser el escudero del PP y a Podemos por estar dispuesto a “romper España”; y Podemos, el resto de grupos de izquierda y los partidos nacionalistas acusarán al PSOE por su falta de valor para liderar el cambio, y acusarán también a PP y Ciudadanos por bloquear la reforma constitucional que España necesita para llevar a cabo la “segunda transición”. Nadie querrá asumir ante los electores la responsabilidad de unas nuevas elecciones, así que todos culparán a sus adversarios políticos. Pero es difícil saber cómo responderá la ciudadanía española si sus representantes electos la obligan a votar de nuevo. Por eso, todos los partidos deben sopesar muy bien si les conviene mantener sus “líneas rojas” a toda costa, con la esperanza de mejorar su posición en unas nuevas elecciones, o si es preferible hacer concesiones y facilitar la formación de un gobierno, aunque sea en minoría. Este dilema abrirá un debate interno en todos los partidos, como ya está sucediendo en el PSOE.

A la vista de estas cuatro opciones, es indudable que el principal árbitro de la situación actual es el PSOE. Y eso a pesar de haber obtenido el peor resultado de toda la etapa democrática. Aunque Podemos y Ciudadanos se habían disputado el amplio y ambiguo territorio de la centralidad, los electores han situado a Podemos en la izquierda transformadora y a Ciudadanos en la derecha renovadora. El resultado es que el PSOE, con apenas un 22,01% de votos, se ha visto colocado en el estratégico cruce de todos los caminos. Todas las coaliciones posibles para formar gobierno deben contar con él. De él depende, en último término, que se forme una gran coalición PP-PSOE, un gobierno del PP en minoría o un gobierno de la izquierda plural y plurinacional con el apoyo de los independentistas catalanes, lo que conllevaría afrontar la regulación del referéndum en el marco más amplio de una reforma de la Constitución y de la estructura del Estado. Del PSOE depende, en fin, que no haya gobierno alguno y que se convoquen nuevas elecciones. Sobre él recae, pues, la máxima responsabilidad política en esta situación de cambio, apertura e incertidumbre en la que se encuentra España. El PSOE puede rehuir su responsabilidad o asumirla. Puede ignorar la profunda transformación social y generacional que se está produciendo en nuestro país o bien puede aceptarla y sumarse a las fuerzas del cambio. En cualquier caso, haga lo que haga, es el PSOE el que corre en estos momentos el mayor riesgo y al que se va a exigir la mayor responsabilidad. Por eso, no es casual que en este partido las tensiones internas hayan estallado mucho antes y con mucha más fuerza que en cualquier otro.

En mi opinión, el PSOE debería asumir el riesgo e intentar formar un gobierno sostenido por Podemos y las demás fuerzas de la izquierda, incluida la izquierda nacionalista. Y estas otras fuerzas, a su vez, deberían estar a la altura de las circunstancias para lograr un acuerdo de mínimos. Tenemos un precedente en nuestro vecino Portugal, aunque los portugueses no tienen el problema de la plurinacionalidad.

El gobierno del cambio, en caso de que lograra constituirse, debería afrontar los cinco grandes retos de este país:

- Combatir la desigualdad social, constitucionalizar los derechos económicos y sociales, fortalecer los servicios públicos, hacer una reforma fiscal progresiva y luchar contra con la evasión fiscal.
- Emprender una profunda regeneración del sistema democrático para acabar con la corrupción, las puertas giratorias, la falta de proporcionalidad del voto, la partitocracia, los privilegios de la Iglesia católica, el ninguneo a las víctimas del franquismo, etc.
- Constitucionalizar la estructura federal del Estado, reformar el Senado para que sea una verdadera cámara territorial y colegisladora, suprimir las diputaciones y regular el referéndum demandado por los catalanes con unas condiciones que puedan ser refrendadas por todos los españoles.
- Promover la transición hacia un nuevo modelo tecno-económico adaptado al cambio climático y compatible con los ciclos naturales de la biosfera terrestre.
- Y, por último, contribuir a que el peso de los gobiernos de izquierda y de la Europa del sur (España, Portugal, Francia, Italia y Grecia) sea mucho más relevante en la Unión Europea, oponga una resistencia coordinada a las políticas neoliberales y contribuya a reactivar el moribundo proyecto europeo.

Si el PSOE no asume el riesgo de liderar ese gobierno de cambio y prefiere que se convoquen nuevas elecciones, correrá un riesgo todavía mayor: no estar a la altura de los tiempos, no hacer frente al bloque neoliberal y centralista representado por el PP y Ciudadanos, seguir perdiendo el apoyo de la ciudadanía y dejar que Podemos lo reemplace definitivamente como fuerza principal de la izquierda. Si, por el contrario, se atreve a tomar la iniciativa y su empeño no llega a buen puerto, la responsabilidad del fracaso recaerá en los demás partidos, sea porque no lo apoyen (Podemos y/o los independentistas catalanes), sea porque bloqueen cualquier propuesta de reforma constitucional (PP y Ciudadanos). De momento, la pelota está en su tejado.

Los demás partidos están presionando al PSOE para que se decante hacia uno u otro lado, y en su propio seno hay una lucha abierta entre tres corrientes con muy diferente peso: los partidarios de no formar gobierno con Podemos y los independentistas, sino de convocar nuevas elecciones, defenestrar a Pedro Sánchez y sustituirlo por Susana Díaz (esta opción cuenta con el apoyo de las federaciones más poderosas, como Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón, Comunidad Valenciana y Asturias); los partidarios de negociar con Podemos un gobierno de las izquierdas, pero con la condición de no aceptar el referéndum vinculante (esta opción puede ser la mayoritaria o la de compromiso dentro del partido, pero no parece viable, porque no solo hay que contar con Podemos sino que además se requiere el apoyo de -al menos- uno de los partidos independentistas catalanes); y, por último, los partidarios de negociar con Podemos y con los independentistas, asumiendo la necesidad de regular el referéndum catalán en el marco de una reforma constitucional votada por todos los españoles. Me temo que esta tercera corriente (representada por José Antonio Pérez Tapias, filósofo y ex candidato a la secretaría general del PSOE) no contará con apoyos suficientes, y que la segunda tampoco será viable, por escasamente realista, de modo que la primera puede acabar triunfando. Si eso ocurre y hay nuevas elecciones, el PSOE puede hundirse todavía más, por debajo del 20%, y la responsabilidad de liderar la “segunda transición” recaerá indudablemente en Podemos y en las demás formaciones de la izquierda plural y plurinacional.

Última actualización: diciembre_2015 30/12/2015 20:14

Las elecciones generales de mañana van a marcar un antes y un después en la historia de la democracia española. Ha entrado en crisis el bipartidismo imperante desde la transición, es decir, la alternancia política entre PSOE y PP, unas veces con gobiernos de mayoría absoluta y otras veces con gobiernos apoyados por los partidos nacionalistas PNV y CiU, que a cambio obtuvieron importantes contraprestaciones para sus respectivas comunidades autónomas: País Vasco y Cataluña.

Unas contraprestaciones que luego fueron reclamando el resto de comunidades autónomas, comenzando por Andalucía. Esto explica la trayectoria improvisada e incoherente a través de la cual se ha ido construyendo el actual Estado de las Autonomías, que no es ni centralista ni federalista, sino una extraña conjunción de centralismo bipartidista, nacionalismos independentistas (Cataluña y País Vasco) y regionalismos autonómicos (con algunas fuerzas nacionalistas en Navarra y Galicia). Pues bien, esa improvisación e incoherencia tienen que ser revisadas ante el desafío independentista catalán y ante las muchas disfunciones y corrupciones del Estado autonómico.

Además, mañana comprobaremos que los dos partidos hasta ahora hegemónicos ya no suman ni siquiera el 50% de los votos, y que van a tener frente a ellos a otras fuerzas políticas emergentes: Podemos, Ciudadanos y las candidaturas unitarias de izquierda en Cataluña, Galicia y Valencia. El Parlamento español va a ser mucho más plural que en el pasado y, por ello mismo, se va a convertir en el verdadero centro de la vida política española, ya que no va a estar controlado desde el gobierno, sino a la inversa.

Tras ocho años de profunda crisis económica, social, política y cultural, ha llegado a su fin el ciclo histórico que se inició con la Constitución de 1978 -y con la generación que ha gobernado el país hasta ahora. A partir del 20 de diciembre, va a iniciarse una “segunda transición” en la democracia española, es decir, una reforma constitucional, un relevo generacional en la clase politica, un cambio de modelo socio-económico, una nueva relación con nuestro propio pasado histórico, etc.

No es de extrañar que haya un porcentaje tan alto de indecisos y, al mismo tiempo, una expectativa tan elevada de participación electoral. Las españolas y los españoles quieren ir votar, quieren ser protagonistas de su propia historia, pero no saben muy bien a qué partido deben dar su apoyo.

Por eso, voy a permitirme dar unos cuantos consejos a los indecisos:

1. A quien dude entre el PP y Ciudadanos, le recomiendo que vote a Ciudadanos, porque el PP de Mariano Rajoy merece ser castigado políticamente por su corrupción, su incompetencia, su autoritarismo y los terribles recortes que ha impuesto al Estado de bienestar y a los derechos de la ciudadanía durante sus cuatro años de gobierno.

2. A quien dude entre Ciudadanos y UPyD, le recomiendo que vote a UPyD, porque Ciudadanos no vacilará en dar su apoyo parlamentario al PP de la corrupción y los recortes, como de hecho está haciendo ya en varias comunidades autónomas (Madrid, Murcia, Castilla y León, Rioja), y porque UPyD ha demostrado ser un partido más centrista y más coherente que Ciudadanos.

3. A quien dude entre Ciudadanos, UPyD y PSOE, le recomiendo que vote al PSOE, porque este partido ya ha sido duramente castigado por sus errores en las elecciones de 2011, porque ha jugado un papel fundamental en la construcción de nuestro precario Estado de bienestar, y porque hay que seguir contando con él como un actor decisivo para la reforma constitucional que necesita nuestro país.

4. A quien dude entre PSOE y Podemos, le recomiendo que vote a Podemos, porque es el partido emergente que ha logrado romper la hegemonía del bipartidismo, porque es el que ha introducido en el debate público la agenda de la regeneración política y porque es la principal garantía de que realmente acceda al gobierno de nuestro país la nueva generación de jóvenes españoles nacidos después de 1978.

5. A quien dude entre Podemos e IU-Unidad Popular, le recomiendo que vote a cualquiera de los dos en función de sus fidelidades personales y en función de las peculiaridades de cada circunscripción electoral, porque es preciso fortalecer a ambos en el nuevo parlamento, porque ambos comparten muchos objetivos comunes y porque ambos son imprescindibles para el cambio político que necesitamos.

6. A quien dude entre candidaturas independentistas y candidaturas unitarias de izquierda (como las que se presentan en Cataluña, Galicia y Valencia), le recomiendo que vote a las candidaturas unitarias, porque el independentismo es profundamente reaccionario a pesar de su apariencia emancipadora, y porque la verdadera nueva política del siglo XXI está precisamente en las candidaturas de la izquierda plural (Podemos, IU, Equo, etc.) donde el protagonismo ya no lo tienen los partidos sino la ciudadanía.

Confieso que a mí me gustaría poder votar a una candidatura unitaria de izquierda, pero en la Región de Murcia no cabe esa opción. Así que tendré que aplicarme a mí mismo la recomendación nº 5.

Última actualización: diciembre_2015 19/12/2015 10:37

La Cumbre de París sobre el Cambio Climático ha parido un ratón. Y eso a pesar de que era la cumbre nº 21, que llevamos más de cuatro décadas conociendo la gravedad del problema, que los informes científicos del IPCC son cada vez más alarmantes, que la temperatura media de la Tierra ha aumentado casi un grado desde los inicios de la revolución industrial, que se pueden superar los cuatro grados a lo largo del siglo XXI y que estamos ante la mayor amenaza global para la supervivencia de la humanidad.

Los jefes de Estado y de gobierno de los 195 países del mundo, tras dos semanas de negociaciones, han adoptado dos acuerdos básicos claramente contradictorios entre sí, plasmados en el documento final de 31 páginas hecho público el sábado 12 de diciembre:

1. Por un lado, reconocen que el cambio climático antropogénico se está produciendo, que puede tener consecuencias catastróficas para toda la humanidad y que es preciso adoptar medidas para que no supere los 2 grados e incluso los 1,5 a lo largo del siglo XXI.

2. Por otro lado, reconocen su incapacidad para adoptar medidas concretas que sean vinculantes, efectivas y rápidas, para descarbonizar en 2050 la economía mundial (dejando de utilizar carbón, gas y petróleo) y para facilitar paralelamente el cambio hacia una economía basada en energías limpias y renovables.

Los gobiernos firmantes enfatizan de forma autocomplaciente el punto 1, mientras que la comunidad científica y las organizaciones ecologistas denuncian el punto 2. Pero lo más sorprendente y sintomático es la conjunción paradójica de ambos puntos, porque es la que indica la retórica hipócrita y grandilocuente de muchos de los firmantes, pero también -y esto es lo más relevante- el enorme combate histórico que se está librando, no solo entre dos tipos de energía sino también entre dos modelos socio-tecno-económicos e incluso entre dos paradigmas civilizatorios.

Unos días antes del comienzo de la Cumbre de París, la Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo pública la siguiente previsión: “Durante el periodo 2030-2050, el cambio climático causará 250.000 muertes adicionales cada año por dolencias asociadas a sus efectos ambientales”. Esto equivale a 5 millones de muertes en ese periodo. Y esta previsión solamente tiene en cuenta las dolencias que afectan directamente a la salud, pero no todas las catástrofes naturales y sociales derivadas del cambio climático (sequías, huracanes, inundaciones, guerras, migraciones, etc.) que provocarán otros miles y millones de muertes.

Hay un divorcio cada vez más claro entre las élites dominantes del mundo y las necesidades reales de la humanidad. Un divorcio análogo al que se produjo en la época de la Ilustración y desembocó en las grandes revoluciones políticas de la modernidad. Como decía el sociólogo Ulrich Beck, fallecido el 1 de enero de este mismo año, necesitamos urgentemente una “nueva Ilustración”, pero no ya eurocéntrica y tecnolátrica, sino cosmopolita y ecológica.

Última actualización: diciembre_2015 13/12/2015 20:58

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