Mayo de 2012

Estados Unidos y Europa están sufriendo la más grave crisis económica desde la década de 1930. Es una crisis provocada por tres décadas de políticas neoliberales, que han dado un poder inmenso al capital financiero, han favorecido la desregulación de las operaciones especulativas y han permitido la evasión masiva de impuestos. Este tipo de políticas han dado lugar a una creciente desigualdad socio-económica y a una ruptura del pacto capital-trabajo que sirvió de fundamento a los Estados de bienestar construidos en Occidente después de la Segunda Guerra Mundial (en España, hubo que esperar a la muerte de Franco en 1975). Y, para colmo, han desembocado en el pinchazo de la burbuja especulativa alimentada por las entidades financieras, que es el origen real de la crisis que padecemos.

Sin embargo, en la Unión Europea, la crisis está siendo utilizada no para cuestionar esas políticas neoliberales, sino para llevarlas a sus últimas consecuencias. En lugar de poner el foco de atención en el control del capital financiero y especulativo, se ha puesto el foco en el déficit público de los Estados que acudieron a socorrer a sus entidades financieras y a paliar los primeros efectos de la crisis, comenzando por el aumento brutal del desempleo. De este modo, la deuda privada -de la banca, de las empresas y de las familias (muchas de las cuales se han quedado sin empleo, sin vivienda y con una hipoteca que pagar)- se ha convertido en deuda pública.

Una deuda pública que está siendo financiada, a su vez, por la banca privada -que encuentra en la “prima de riesgo” de los Estados una nueva fuente de especulación financiera-, porque el Banco Central Europeo tiene prohibido prestar dinero a los Estados miembros de la UE, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, Reino Unido y Japón. Y para reducir la deuda pública, los gobiernos de la Unión Europea, que en su mayor parte están controlados por partidos conservadores -con la Alemania de Angela Merkel a la cabeza-, deciden que la mejor solución está en realizar drásticos recortes sociales y laborales. De modo que, finalmente, son las víctimas de la crisis provocada por el capitalismo especulativo, las que han de pagar los excesos de los banqueros, mientras estos reciben millonarios ingresos por sus criminales operaciones.

No es extraño que la crisis económica se haya convertido en una crisis política, es decir, en una crisis de legitimidad de las democracias occidentales. Son ya muchos los países europeos en los que la crisis está provocando cambios de gobierno, sea cual sea el color político del partido gobernante. Porque los gobiernos, en lugar de defender la soberanía democrática y los derechos de la ciudadanía, están sometiéndose a las presiones e intereses de las grandes corporaciones financieras y empresariales. De hecho, hay una puerta giratoria por medio de la cual los ex políticos pasan a los consejos de administración de bancos y grandes empresas, y los ejecutivos de estas entidades pasan a ser presidentes y ministros de los gobiernos, como ha ocurrido en Grecia, Italia, España, etc. En tales circunstancias, no es extraño que se esté produciendo un profundo descrédito de la clase política y una proliferación de movimientos de contestación social, desde el Movimiento 15-M hasta el Occupy Wall Street. Pero también se está produciendo el ascenso de los movimientos xenófobos y de los partidos de extrema derecha. Es inevitable recordar lo que sucedió en Europa en los años 1930: crisis económica, desempleo masivo, gobiernos de Frente Popular, ascenso de los fascismos, Guerra Civil española y Segunda Guerra Mundial.

En España, la gravedad de la crisis, el acoso de los especuladores y el Diktat de “austeridad” de la UE, llevó al gobierno socialdemócrata de José Luis Rodríguez Zapatero a adoptar drásticos recortes sociales en mayo de 2010. Un año después, se inició el Movimiento del 15-M. En noviembre de 2011, hubo unas elecciones generales en las que el PSOE sufrió una gran derrota y el PP de Mariano Rajoy pasó a gobernar con mayoría absoluta. Inmediatamente, el gobierno de Rajoy comenzó a aplicar unos recortes de derechos sociales y laborales mucho más drásticos que los aplicados por Zapatero. Y, sin embargo, o -más bien- por ello mismo, sigue aumentando el paro, sigue subiendo la deuda pública, sigue creciendo la amenaza de intervención por parte de la UE… Porque, a fin de cuentas, el origen de todo se encuentra en la banca, es decir, en la burbuja inmobiliaria, en la que participaron banqueros, políticos, promotores y especuladores. Y ahí está, como botón de muestra, el caso de Bankia.

Sin embargo, el PP ha aprovechado la crisis para aplicar su programa oculto, que no es sino una mezcla de neoliberalismo y neoconservadurismo: desmantelar el Estado de bienestar, desregular las relaciones laborales, debilitar a los sindicatos, llevar al límite la política privatizadora, beneficiar a los especuladores y evasores fiscales, controlar los medios de comunicación públicos, alimentar la xenofobia hacia los inmigrantes y defender los dogmas morales y los intereses económicos de la Iglesia Católica. Como ya no quedan apenas empresas públicas que privatizar, ahora le toca el turno a los servicios públicos más básicos: la sanidad, la educación, la cultura, los medios de comunicación públicos y los servicios sociales.

Me limitaré a comentar la política del PP en educación e investigación. El ministro de Educación, José Ignacio Wert, desde que asumió el cargo, no ha cesado de desacreditar a los estudiantes, a los profesores, a las investigadores, a los rectores, en fin, a todo el sistema español de educación e investigación, para poder justificar así los recortes económicos y las modificaciones legislativas que ha emprendido. Sus declaraciones a la prensa son siempre incendiarias: poco después de asumir el cargo, dijo que “las mejores universidades son las más mercantilizadas”; en las universidades españolas no se trabaja ni se investiga; los estudiantes tienen que llegar a pagar el 100% de los costes de su educación; las becas no tienen que regirse por el nivel de renta sino por el rendimiento; y así sucesivamente. No es casualidad que sea el ministro peor valorado por la ciudadanía española, según las encuestas del CIS.

Pero lo peor no son las declaraciones, sino las acciones de gobierno. En los dos últimos cursos (2010-11 y 2011-12), hay en España 520.000 alumnos más (200.000 en universidades y 320.000 en colegios e institutos). Es una subida del 6,6%. Y es una subida lógica, porque la crisis y el desempleo han hecho que los jóvenes valoren mucho más la formación. En cambio, en los dos últimos cursos, la inversión pública se ha recortado en 7.200 millones (4.200 en 2012), lo que supone una bajada del 13,5% con respecto a 2010.

En el caso de la Universidad de Murcia, en los dos últimos cursos (2010-11 y 2011-12), los matriculados han aumentado un 15%, pasando de 31.376 a 36.289 (5.000 más), mientras que en los años 2010 y 2011 la financiación pública se ha reducido un 14%, a lo que hay que añadir un nuevo recorte para 2012 de 10,1 millones y una deuda no cobrada de 66 millones.

España invertía en educación un 4,9% del PIB, un punto menos que la media europea (5,9%). Pues bien, en lugar de acercarse a la media europea, la política de recortes hará que en 2015 -según las previsiones del propio gobierno de Rajoy, remitidas a la Comisión Europea- la inversión española en educación se sitúe en el 3,9% del PIB, dos puntos menos que la media europea. En cambio, en plena crisis económica, Francia, Alemania y los países nórdicos siguen incrementando la inversion en educación e investigación, porque saben que de ellas depende la salida de la crisis y el desarrollo de un modelo socio-económico más justo y más sostenible.

En cuanto a la investigación, el ministro Wert ha suspendido el programa Campus de Excelencia Internacional (CEI), que funciona en otros países de la UE con mucha más financiación que en España, y que permite a las universidades y centros de investigación establecer alianzas estratégicas, obtener fondos adicionales para investigación y avanzar en el proceso de internacionalización. Además, en los Presupuestos Generales del Estado para 2012, la financiación de la investigación se ha recortado más de un 25% (en los tres últimos años, el recorte supera ya el 30%). Con este recorte, se vuelve a niveles de 2005. La bajada de financiación es tan brutal que supondrá una disminución dramática de centros, proyectos y becas de investigación. Es un golpe tremendo a la ciencia española, del que tardaremos mucho tiempo en recuperarnos. Por eso, en marzo se hizo pública una Carta Abierta por la Ciencia con 46.000 firmas.

Por si todo ello no era suficiente, el Real Decreto Ley 14/2012 de 20 de abril (BOE 21/04/12) ha sido como una bomba de destrucción masiva lanzada por el ministro Wert y el gobierno Rajoy contra el sistema educativo español en todos sus niveles: colegios, institutos y universidades. Por limitarme a estas últimas: se acaba con la autonomía universitaria, consagrada en el artículo 27 de la Constitución española; se impone a las universidades el déficit cero y la limitación de la oferta de empleo público; suben las tasas de matrícula hasta el 100% del coste real, y los inmigrantes tendrán que abonar ese 100% desde la primera matrícula; baja un 11,6% el presupuesto para becas y se endurecen los requisitos académicos para obtenerlas; sube la dedicación del 50% del profesorado de 24 a 32 créditos; y se autoriza a las comunidades autónomas a suprimir centros y titulaciones de Grado, Máster y Doctorado. En resumen: se pretende volver al pasado y tener unas universidades más pequeñas y más elitistas, con menos alumnos, menos profesores, menos investigadores, menos personal administrativo y menos titulaciones.

Esta política educativa es tan disparatada que ha provocado una gran contestación social por parte de toda la comunidad educativa española: huelgas, manifestaciones, peticiones de dimisión del ministro Wert, etc. Ha habido también declaraciones institucionales de decanos, conferencias de decanos, claustros y consejos de gobiernos de muchas universidades. Incluida una declaración conjunta de la Conferencia de Decanos de Filosofía y de numerosas asociaciones filosóficas. Y un hecho sin precedentes: la Conferencia de Rectores de las Universidades Españoles (CRUE) dió un plantón al ministro Wert porque este se negó a debatir con los rectores sobre el RDL 14/2012.

En la Universidad de Murcia, hubo una primera declaración de todos los decanos, que yo mismo promoví como decano de la Facultad de Filosofía. Además, se creó un Comité de Resistencia en Defensa de la Universidad Pública, que agrupa a todos los colectivos de la UMU (PDI, PAS y estudiantes). Se celebró una Asamblea General el 2 de mayo, que acordó una serie de medidas de protesta. Hubo dos huelgas generales y dos manifestaciones multitudinarias: el 16 y el 22 de mayo. Se pronunciaron numerosos centros y departamentos, y también el Claustro de la UMU. Los alumnos de Filosofía decidieron sacar las aulas a la calle y el 21 de mayo varios profesores dimos una clase al aire libre, en la plaza de la Merced de Murcia, sobre el papel social de las universidades, la crisis económica, la política de recortes y sus efectos en el sistema educativo.

Pero todas estas acciones de protesta, lamentablemente, no han logrado parar la oleada de recortes económicos y de cambios legislativos emprendida por el gobierno del PP. Estamos viviendo tiempos muy duros, y se avecinan tiempos todavía más duros.

Última actualización: mayo_2012 07/06/2012 21:27

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