20 MINUTOS - EDICIÓN NACIONAL
27.01.2014.
En 2009 había 76.079 presos en las cárceles; a finales de 2013 eran 67.404. La reforma penal que redujo las condenas por tráfico de drogas y los convenios para expatriar a extranjeros, determinantes del descenso. Pese a la bajada, España sigue siendo uno de los países con más presos por habitante de Europa, solo superado por Reino Unido en nuestro entorno. Aumenta el número de suicidios en prisión, pese a bajar la población reclusa.
Las cárceles españolas llevan cuatro años consecutivos perdiendo internos. Corría el año 2009 cuando se alcanzó el récord histórico de ocupación en las prisiones, con 76.079 personas, una cifra que se desplomaba hasta 67.404 en noviembre de 2013. El descenso de 8.675 presos supone una caída de la población reclusa de un 11,4% y, sobre todo, consolida un cambio sustancial de tendencia.
¿Por qué se están vaciando las prisiones? La explicación principal hay que buscarla en una reforma penal aprobada en 2010 que rebajó las condenas máximas para los delitos menores relacionados con el tráfico de drogas. Dicha revisión contemplaba una rebaja de 9 a 6 años para las máximas condenas por los delitos denominados “contra la salud pública”, principal causa de ingreso en prisión en España. El número de extranjeros en prisión se ha reducido un 21% en cuatro años.
De hecho, el descenso más acusado de internos se produjo entre los años 2010 y 2011 (3.457 reclusos menos). A los pocos días de aprobarse la reforma, hasta 400 presos quedaron en libertad con la condena cumplida. Fuentes sindicales explican como, además de este cambio legal, también está menguando la población carcelaria debido a la política de acuerdos con otros países para la extradición de los condenados extranjeros, que cada vez se marchan en mayor número a cumplir la pena impuesta a sus países de origen.
La bajada del porcentaje de reclusos extranjeros es mayor que la general. En cuatro años ha caído un 21% su presencia en las cárceles. Si a finales de 2009 eran 27.162, a finales de 2013 (noviembre) sumaban 21.315, según consta en la página web de Instituciones Penitenciarias. El profesor del Master en Derecho Penitenciario de la Universidad de Murcia - Javier Sierra - recuerda que en España la población reclusa extranjera siempre ha tenido mucho peso en la demografía carcelaria. “Primero porque muchos tienen una situación de precariedad y exclusión social, y segundo porque si cometen delitos los jueces suelen dictar para ellos mucha prisión provisional ante su falta de arraigo o ante la posibilidad de que escapen de la Justicia”.
“Se nota algo que hay menos reclusos en las cárceles”, asegura Adolfo Fernández, presidente de la sección sindical de CSI-F de prisiones, “pero todavía la presión es muy alta. Si antes tocábamos a 140 internos por cada funcionario de vigilancia, ahora estamos en 130, una proporción demasiado elevada”, denuncia. España sigue entre los países europeos con más presos por habitante La bajada del número de reclusos no es achacable, sin embargo, a una reducción de la población. Según datos del padrón —publicados en el INE— entre 2009 y 2013 la población residente en España ha aumentado ligeramente, pasando de 46,6 millones a 46,7 millones. Con todo, sí se ha producido habido descenso entre los extranjeros, solo en los últimos dos años han salido de España más de 200.000 por culpa de la crisis. De los países de nuestro entorno, tan solo Reino Unido supera a España en presos por 100.000 habitantes ¿Y es posible que haya menos presos porque esté bajando la delincuencia en España? El año pasado la tasa de delitos se redujo un 3,2%. según Interior. El descenso es ligeramente más acusado que el vivido por la población reclusa en ese tiempo, un 2,3%.
El profesor Sierra añade a los factores que han rebajado la presión demográfica en las cárceles el efecto de la Doctrina Parot, “que también ha afectado a presos comunes”, y el incremento de los indultos. “Todo suma”, explica. Sin embargo, pese a la consolidación de la tendencia a la baja de la población de las cárceles, España continúa instalada a la cabeza del ranking de países europeos con una mayor presión demográfica carcelaria: 147 personas presas por cada 100.000 habitantes. Según la estadística del Centro Internacional de Estudios sobre Prisiones (con datos de agosto de 2013), solo Reino Unido supera a España en población reclusa. Ellos tienen 148 presos por cada 100.000 habitantes. Por debajo queda Portugal (136), y bastante más alejados Francia (98), Alemania (79) o Finlandia (58).
Fuente original: http://www.20minutos.es/noticia/2038950/0/reclusos-prisiones/descienden-rebaja-penas/delitos-drogas/
ABC EDICIÓN NACIONAL
GUILLERMO D. OLMOGOLMO / MADRID
Día 12/03/2012
Después del talego… a la cola del paro La falta de ofertas de trabajo complica todavía más la reinserción de los presos que salen de prisión. La falta de expectativas laborales aumenta el riesgo de reincidencia
Ha pasado ya bastante desde que Germán (nombre ficticio) salió de prisión. Tanto que está a punto de agotar el subsidio del desempleo que generó trabajando en prisión y no hay manera de que le salga «curro». La otra mañana, tras sellar su demanda de empleo en la oficina del INEM en el barrio de Villaverde, al sur de Madrid, alguien se le acercó y le ofreció trabajar sin contrato en las obras de construcción de un chalé en la provincia de Toledo. Germán aceptó la oferta de convertirse en trabajador irregular en un sector con tanta siniestralidad como la construcción. No le queda otra. El episodio ejemplifica los problemas que encuentran las personas que salen de prisión para encontrar un empleo y avanzar en el proceso de su reinserción social.
Con una hija a la que alimentar, él mismo admite que si no encontrará otro medio de subsistencia volvería a delinquir. La obra del chalé sirve también como muestra de que la economía sumergida actúa de válvula de escape para las tensiones sociales en un país con más de un 22% de desempleo.
Susana conoce de cerca lo difícil que le resulta a los exconvictos encontrar un trabajo cuando recobran para la libertad. Colabora con la Asociación de Familiares y Amigos de Presos en Madrid (Afeprema). «Hoy en día casi nadie encuentra trabajo, menos todavía los antiguos reclusos; además, si trabajaron en la cárcel, su vida laboral lo refleja y en las empresas conocen su pasado». Esta mujer conoce bien de lo que habla y, aunque reconoce que los internos que muestran interés por su futura empleabilidad son una minoría, denuncia que los talleres ocupacionales y cursos de formación que organiza Instituciones Penitenciarias son insuficientes por la falta de plazas.
«Hoy nadie encuentra trabajo, menos todavía los antiguos reclusos» Miguel (también este nombre es ficticio) pasó 20 meses en la cárcel de Aranjuez tras ser condenado por un delito de atentado por un encontronazo con una patrulla de la Guardia Civil. Perdió su empleo como agente forestal en el Ministerio de Agricultura y ahora lleva desde que volvió a la calle buscando un trabajo que no llega.
Falta de plazas en prisión
Los reclusos pueden elegir trabajar en prisión. La Administración lo entiende como pasos positivos en el proceso de reinserción del reo y como forma de asegurar el funcionamiento de las prisiones. Lo gestiona el Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (OATPFE). Los internos realizan labores de cocina, lavandería, panadería. En Afeprema denuncian que lo hacen por sueldos que rara vez alcanzan los 400 euros y con jornadas de hasta diez horas.
Javier Sierra, fundador del Observatorio de Políticas y Sistemas Penitenciarios dependiente de la Universidad de Murcia, explica que estas actividades «contribuyen a que los internos tengan una ocupación y contacto con el ámbito laboral», pero refiere como deficiencias del sistema la escasez de posibles empleos y que «son excesivamente sistemáticos y de dinámicas tradicionales del trabajo en cadena o de manipulado, como por ejemplo el cableado de automóviles, de modo que se desaprovecha el potencial de los recursos humanos disponibles y la predisposición de muchos de ellos de profundizar en el aprendizaje laboral sin que contribuyan a la capacitación profesional y al desarrollo de habilidades». Existen otras fórmulas de apoyo cuando los presos alcanzan el tercer grado penitenciario, que se desarrollan en los Centros de Inserción Social (CIS), donde, según Sierra, «las obligaciones de permanencia son compatibles con la realización de una actividad laboral en el exterior». Los psicólogos que trabajan en la reinserción social de los presos valoran especialmente esta segunda opción.
Sin embargo, recuperar para la sociedad a estos individuos, muchas veces no resulta posible. Así lo cree la esposa de un preso que prefiere mantenerse en el anonimato: «La mayoría de la gente que está en prisión está porque ha reincidido; casi nadie entra con la primera condena». Probablemente, uno de los factores que coadyuvan a esto es el estigma social que supone haber estado en la cárcel. Javier Sierra afirma que son pocos los estudios sobre el ingreso en el mercado de trabajo de los presos que recuperan la libertad. A la espera de estadísticas que los recojan, personas como Germán seguirán batallando por ganarse la vida, aunque sea sin contrato, aunque sea otra vez fuera de la ley.
Entrevista: afaprema.com
Javier Sierra Rodríguez ha sido y es el promotor del primer Observatorio de Sistemas y Políticas Penitenciarias de España (Cataluña, que tienen derivadas las competencias en materia de prisiones, cuenta con el suyo propio). Profesor de Política Penitenciaria de la Universidad de Murcia, y autor del Manual de Políticas Públicas Penitenciarias (ed. Universidad de Murcia, 2011), nadie mejor que él para contarnos en qué se traducirá concretamente la aparición en la escena penitenciaria de un observatorio que, desde un punto de vista universitario y científico, pueda señalar el funcionamiento de nuestro sistema penitenciario.
Afaprema:¿Cómo se fraguó la idea de poner en marcha este Observatorio de Políticas y Sistemas Penitenciarios?
Javier: El Observatorio es una iniciativa personal puesta en marcha con la idea de fomentar el conocimiento e investigación sobre la evolución y desarrollo de las diferentes políticas penitenciarias en España. Al mismo tiempo, una de sus principales finalidades es aglutinar la información básica principal del sistema penitenciario español al objeto de facilitar la realización de estudios comparados. El observatorio viene a ser una herramienta para investigadores, interesados, así como para los alumnos de Criminología y, en especial, de los que cursan el Máster en Criminología aplicada a la ejecución de penas que se imparte en la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia.
A:¿Van a realizar investigaciones sobre las cárceles españolas y sus problemáticas? ¿de qué tipo?
J: La principal vertiente de interés son las “políticas” penitenciarias, así como la comparación de sistemas penitenciarios europeos. Hasta la fecha uno de los temas que más ha focalizado nuestra atención es la sobrepoblación penitenciaria porque influye a la mayoría de las políticas penitenciarias como pueda ser en la de infraestructuras o la de recursos humanos. Los procesos de flexibilización normativa para facilitar alternativas a la reclusión y la política de dispersión de presos de ETA es también otra de nuestras áreas de trabajo actuales.
Además, la política penitenciaria la abordamos como “políticas” en plural, distinguiendo seis áreas diferenciadas en las que elaborar cuadernos de trabajo y estudios de caso que ayuden a través de su análisis conjunto, a tener una visión global de la política penitenciaria. Estas seis áreas son aquellas que engloban el “todo” de la actuación de los poderes públicos en la materia y se corresponden con la política de flexibilización normativa, la política de seguridad, la política de infraestructuras, de recursos humanos, de reinserción social y rehabilitación, así como con la política de salud penitenciaria.
A: ¿Cómo o quién os financiaría en el supuesto de llevar a cabo estudios? ¿y la web, cómo se financia?
J: Por el momento el Observatorio y la web del mismo funciona por sus propios medios gracias al soporte de la Universidad de Murcia y del Máster en Criminología aplicada a la ejecución de penas que dirige el profesor David Morillas. La principal producción científica y editorial viene originada del quehacer diario en nuestra labor docente e investigadora, un ejemplo de ello es el Manual de Políticas Públicas Penitenciarias que publiqué en septiembre de 2011 gracias a la edición financiada por el servicio de publicaciones de la Universidad de Murcia.
A: ¿Qué relación había mantenido usted hasta ahora, o sus alumnos del Máster Universitario Oficial en Criminología con la cárcel y el universo que la rodea: presos, familiares, funcionarios…?
J: Mi interés por el mundo penitenciario procede de una curiosidad científica, ya que no es un ámbito con el que tenga relación profesional más allá de la docencia. Inicié mi acercamiento a las políticas penitenciarias hace ya siete años, momento desde el que sigo con atención todo lo que acontece en materia penitenciaria. Por otra parte, el Máster lo cursan alumnos que procediendo de diversas disciplinas que varían desde la psicología, el trabajo social, la politología, la sociología o el derecho, muchos de ellos ejercen profesiones vinculadas con el ámbito penitenciario, desde funcionarios de prisiones pasando por policías, jueces o fiscales.
A: ¿Cómo valora la implicación (o no implicación, mejor dicho) de las diferentes administraciones cuando se trata de encarar los problemas y las necesidades de los presos y sus familiares?
J: En el ámbito penitenciario observamos una amplia unidireccionalidad de la mayoría de las políticas que se llevan a cabo y quizás el aspecto en el que más queda por hacer es precisamente en incorporar con mayor fuerza a las organizaciones, no sólo las que trabajan en la reinserción y tratamiento que muchas de ellas ya tienen una amplia colaboración con Instituciones Penitenciarias, sino también las que aglutinan a los familiares.
A:¿Por qué cree que existe en España esta gran desprotección institucional hacia las familias de las personas presas?
J: El principal motivo es por la connotación de castigo que posee el propio ámbito penitenciario. Se da por supuesto (al margen de la finalidad resocializadora) que las personas que están en la cárcel es por algún motivo. Ello lleva a que el sufrimiento de las familias o el papel que pueden desempeñar en reinserción no sea algo que interese políticamente o que despierte la atención de los medios. Actualmente pasa desapercibido, lo que lleva precisamente a la falta de protección institucional o de dotar de importancia a la labor que podrían hacer para ayudar a sus familiares para su reinserción.
A:¿Qué opinión le merecen las actuales políticas criminales y penales españolas?
J: Centrándonos en el ámbito normativo y de la regulación penal, si hay una palabra que pueda calificar las políticas actuales en relación a sus efectos en el ámbito penitenciario es la contradicción. En los últimas dos décadas hemos experimentado el Código Penal de 1995 que llevó a un aumento de la población reclusa por motivos variados, entre ellos, el incremento de penas en delitos como robos, hurtos o tráfico de drogas, también al dificultar el acceso a la libertad condicional o suprimiendo la redención de penas por trabajo. En 2003 la “contrarreforma”operada en el Código Penal abrió la mano con una mayor flexibilidad, pero han surgido normas en años posteriores que tipifican delitos en materia de igualdad de género y seguridad vial, lo que nos lleva a un interrogante sobre el modelo que queremos en España: un modelo carcelario o uno que nos lleve a penas alternativas a la privación de libertad y en todo caso a formas especiales de ejecución.
A: Cuáles son, según tu punto de vista, las causas de la masificación que existe en las prisiones españolas.
J: La respuesta obvia sería que faltan plazas en centros penitenciarios, pero las causas van mucho más allá y están relacionada con el propio modelo penitenciario español en el que todavía queda mucho por hacer. Para empezar hay causas relacionadas con el contexto sociopolítico en el que impera un mayor énfasis en el castigo alentado por los medios de comunicación, algo que tiene su influencia al impregnar la actuación de los legisladores y de los jueces, en tanto que deben atender a la realidad social para dictar sentencias. Aparte la regulación normativa no está ayudando al tipificar nuevos delitos, lo que no tendría mayor trascendencia si al mismo tiempo se estableciesen unos mecanismos eficaces que permitan las penas alternativas o bien ejecutar las penas a través de formas que no supongan el internamiento permanente en un centro penitenciario. En definitiva, es un problema de cultura social y de modelo que por el momento no parece que vaya a ser modificado.
A: ¿Qué objetivos os habéis planteado con el Observatorio a grandes rasgos? ¿cuáles a corto plazo?
J: En primer lugar el objetivo es consolidar el Observatorio como tal, ya que sólo lleva funcionando prácticamente un año y no tiene una estructura formalizada en el seno de la Universidad. La idea es implicar en este proyecto a más profesorado de diferentes disciplinas y organizar jornadas de divulgación cuando se finalicen las distintas investigaciones que estamos llevando a cabo. A largo plazo convendrá solicitar financiación para la puesta en marcha de un proyecto de investigación específico de análisis de políticas públicas penitenciarias.
A: Su página muestra diferentes actores y ámbitos que juegan un papel en el mundo de las prisiones. ¿Con qué finalidad ha realizado esta clasificación?
J: Desde la Ciencia Política, ámbito al que pertenezco, nos interesa mucho conocer el papel que desempeñan los actores en los procesos de decisión y puesta en marcha de políticas penitenciarias, por eso distinguimos entre actores institucionales, políticos, sociales y técnicos. A su vez diferenciamos entre ámbitos, ya que la capacidad de cada actor de influir en la toma de decisiones varía en función de la política concreta. Además, la existencia de diferentes sistemas penitenciarios como sucede en España, al distinguir entre la Administración General del Estado y la Generalitat de Cataluña, hace que en cada sistema tengan relevancia actores diferentes, dando lugar a un mapa de relaciones entre actores determinado.
A: ¿Habéis detectado cuáles son las principales necesidades de los actores más arriba mencionados: presos, familiares de presos, funcionarios o de los ámbitos (económico, laboral, sanitario, psicológico, familiar, social…?
J: Cada actor tiene unos objetivos, intereses, capacidad de influencia y recursos en función de la política y del entorno en el que se mueve. Precisamente analizamos los intereses de cada uno y su comportamiento ante la formulación de políticas penitencias con la finalidad de medir cuáles son los factores y agentes clave que consiguen que una política o decisión se tome de una forma o en una dirección determinada. En el caso de los familiares de presos observamos que la potencialidad de recursos es amplia, pero falta una organización fuerte y sobretodo una visibilidad que les permita adquirir una legitimidad como negociador para participar en las decisiones políticas. Si hay un tema que afecta a la mayoría de actores es precisamente la cuestión de la sobreocupación, cada actor le da su lectura, para Instituciones Penitenciarias puede ser un incumplimiento de la normativa y el origen de problemas adicionales que ponen de manifiesto actores como los sindicatos de funcionarios que achacan a la masificación ser una causa de inseguridad e insalubridad, así como una barrera a la reinserción. Algunos de estos discursos son compartidos por familiares que se ven especialmente afectados cuando sus allegados cumplían condena en prisiones de otras provincias por no disponer de plazas, extremo que ha sucedido, por ejemplo, con la prisión de Sangonera La Verde (Murcia) hasta la apertura del nuevo centro en Campos del Río.
A: ¿Cómo os planteáis la distribución de vuestras investigaciones o vuestros estudios?
J: En el ámbito académico existen multitud de revistas científicas sobre cuestiones criminológicas y específicamente sobre temas penitenciarios a las que mandaremos debidamente los artículos que procedan sobre los principales hallazgos y conclusiones a los que se lleguen. No obstante, nos interesa llegar a las organizaciones que trabajan en el ámbito penitenciario, como AFAPREMA, o que investigan estas cuestiones, por lo que estamos en pleno proceso de darnos a conocer y establecer contactos que nos permitan una mejor difusión de nuestros artículos, libros e investigaciones. Aparte, como hoy en día la principal vía de divulgación general es internet, aprovecharemos debidamente la web del Observatorio.
A: ¿Cómo se podría potenciar el debate ciudadano en torno a la realidad de nuestras cárceles, que pasa tan desapercibida para los grandes medios?
J: El problema al que se enfrenta el ámbito penitenciario es que sólo pasa a la agenda pública y de los medios de comunicación cuando se produce una conducta antisocial de especial crueldad o por reincidencia, también cuando se dictan sentencias blandas o se prevé una pronta salida de prisión de personas que han cometido delitos de extrema gravedad debido a las contradicciones de nuestra legislación penal y de menores.
Se pasa por alto, por tanto, el resto de las situaciones ordinarias, que son la mayoría de ellas, y que no se visibilizan porque generan menos expectación o por esa consideración que pasa por alto cualquier visión benevolente de los presos, más allá de la que se muestra respecto a la finalidad reinserción. La solución para visibilizar aquello que no se ve, creo que puede pasar por la necesidad de un mayor tejido asociativo de los familiares mejor organizado y que sea capaz de poner de manifiesto las bondades de las penas alternativas, de las formas especiales de ejecución, de su papel para ayudar en la reinserción de sus familiares y, sobre todo, de la existencia de una mayoría de presos que pasan desapercibidos.