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Recientemente se ha dado el visto bueno al inicio del trámite parlamentario al proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), una ley que se recordará como la ley Wert, como una ley retrógrada, ideológica y segregadora, que beneficia a unos pocos y perjudica a la mayoría. Se la recordará por su capacidad de consenso (ha puesto a toda la comunidad educativa en contra de ella, unos porque pedían más y no se les ha concedido, a otros porque no se les ha escuchado, y a otros se han posicionado en contra, pero con la boquita pequeña). Se recordará al Ministro Wert, padre de la criatura, por su habilidad retórica y eufemística, por ejemplo, a la reválida no se le puede llamar reválida, sino un “test de evaluación de unidades de competencia”; vamos, un examen en toda regla que servirá para decidir si el alumno puede pasar a la siguiente etapa o no. En mi pueblo que es pequeño y chico, (las dos cosas) a estos inventos le llamamos REVÁLIDAS. Una figura que la Ley General de Educación de 1970 desechó porque castigaba a las clases más desfavorecidas, en beneficio de las clases acomodadas ya que significaba ahondar más en la desigualdad social, sobre todo en una sociedad que estuvo muy polarizada, y que el desarrollo de la democracia consiguió paliar, pero no eliminar, y que con la crisis económica actual ha permitido recuperado tales fantasmas de la desigualdad. Pero no es sólo la reválida lo que a mí más me preocupa, es toda la ley. Hagamos un pequeño repaso que obviamente no puede ser exhaustivo por la limitación de espacio. El primer golpe nos lo encontramos en los itinerarios del segundo ciclo de la ESO, donde se adelanta el momento de decidir (con 14 ó 15 años) hacia dónde va el alumnado, si a la FP básica (antiguos Programas de Cualificación Profesional Inicial – PCPI) o sigue hacia 4º de ESO que se convertirá en un curso preparatorio, si no de iniciación a dos itinerarios diferenciados, el profesional y el académico. El primero lleva a la Formación Profesional de grado medio, y el otro al Bachillerato. En otras palabras, un itinerario para niños sin talento y sin recursos, y otro para talentosos con posibles. El segundo golpe nos lo damos con las medidas que priman la escuela concertada frente a la pública. Se dice en la ley que la oferta de plazas se organizará atendiendo a la demanda social, por tanto el Estado ya no está obligado a garantizar una plaza escolar en la educación obligatoria, pero sí a financiar los negocios de unos pocos, dejando a la escuela pública con los mejores profesionales, con pocos recursos y un alumnado que no quiere la escuela concertada por su origen social, por su grupo étnico o nacionalidad, o por sus dificultades de aprendizaje. El tercer golpe, como en El Quijote, nos lo damos con la Iglesia. En contra del espíritu de la Constitución Española que proclama que el Estado Español es aconfesional, y en virtud de unos concordatos con la Santa Sede, aceptamos pulpo como animal de compañía. Es decir, Educación para la Ciudadanía es adoctrinadora (por eso la han eliminado, porque adoctrina en temas tan aviesos como la igualdad, la tolerancia, la pluralidad, etc.) Pero la doctrina católica en la escuela pública no es adoctrinadora, obviamente. La excusa, “la asignatura de Religión es optativa”. Bueno, en esta idea estaría casi de acuerdo, pero la realidad es que convirtiéndola en una asignatura que computa para la nota media del expediente, la convierten en obligatoria sobre todo porque en esta asignatura se suelen inflar las notas para atraer a los clientes. ¿Pasará lo mismo con la asignatura alternativa de Valores Éticos? Cosas veredes, Sancho, que farán fablar las piedras. Hay muchas más cosas que destacar como la reducción y el endurecimiento de la concesión de las becas, el espaldarazo a la segregación por sexos, la pérdida de atribuciones del Consejo Escolar o el fomento de la competitividad entre centro. Quizá sea una ley de corto recorrido, ya que nada sin una memoria económica, con la idea de que el Fondo Social Europeo financiará el 50% de los costes y una parte de dicha financiación provendrá del ahorro producto de la contracción del bachillerato. Creo que al final de esta senda que iniciamos lo que se nos olvida a todos, profesores, padres, políticos y demás es que la educación no puede ser mercantilizada, al menos si consideramos que la educación es una inversión social y económica que beneficia a toda la sociedad, y no un gasto cuantificable que obvia la desigualdad social de origen, que responsabiliza únicamente al sujeto de los logros y fracasos, que manda un muletazo a la igualdad de oportunidades, y se olvida de la enorme capacidad que tiene la educación de construir ciudadanos que son conocedores de sus derechos y obligaciones, y tienen la capacidad y conocimiento suficiente para exigir a sus gobernantes aquellos que es mejor para la mayoría. Pero a lo mejor este es el problema, quizá esto no es lo que realmente quiere la clase política.

El País M&P - 23/04/2020

En estos últimos días del confinamiento se ha hablado repetidamente del sentido común y de la responsabilidad paterno-filial. Una sociedad como la española que acostumbra a poner sus ojos y sus pies fuera del hogar, donde las relaciones personales no son solo familiares, sino que se amplían más allá del ámbito próximo; esta prolongada ausencia de ese espacio común que acostumbra a ser la calle, el bar, la plaza, la iglesia, el campo de fútbol, el centro comercial, etcétera.… se hace más difícil con menores a cargo, porque son seres sociales y sociables, porque viven un proceso de construcción de su personalidad individual y social, y para ello precisan del contacto directo de sus iguales y de sus mayores. El juego, el conflicto, ganar y perder, conocer al diferente son formas de aprendizaje que esta forzada reclusión ha truncado temporalmente. Sabemos que los menores son producto no solo de sus propias experiencias y de su contexto, sino también son, a su vez, reflejo de sus padres. Y en muchas ocasiones se nos olvida la enorme capacidad de adaptación que tienen, y que estamos experimentando estos días.

Pero qué es eso de la responsabilidad. La legislación española entiende que “la responsabilidad parental, se ejercerá siempre en interés de los hijos, de acuerdo con su personalidad, y con respeto a sus derechos, su integridad física y mental”. Y los padres tendrán que “velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral”. Estas obligaciones de los progenitores parecen lógicas, y la mayoría de los padres y madres acostumbran a cumplir con ellas sin ni siquiera conocer su obligación legal, y sin embargo asumen sin reparo un compromiso moral para con sus hijos. Esto no es óbice para que se produzcan variadas situaciones que ponen en riesgo la integridad física y moral de los menores, por las que acostumbra a actuar el Estado para compensarlas.

Cabe preguntarse, ¿fueron los padres de esos menores en situación de riesgo responsables, comprometidos y cumplidores con sus obligaciones paterno-filiales? Normalmente enunciamos una respuesta pensando que los padres y madres, y las familias como institución, en sus diversas formas, son una categoría única y uniforme. Y nada más lejos de la realidad. Los padres y madres, y las familias, al igual que otros colectivos se ven atravesados por ciertas fracturas sociales, que pueden poner en riesgo el cumplimiento de dichas obligaciones. Dichas fracturas pueden ser: la renta, el nivel educativo, la ocupación o la clase social. Sin olvidar todo el conjunto de disposiciones interiorizadas que predicen las percepciones, los sentimientos, o las acciones de los sujetos; fruto de la interacción del individuo con la cultura de grupo y las instituciones sociales (habitus). Todo esto convierte a padres y madres, al igual que a sus descendientes en productos de un contexto social y, en consecuencia, su nivel de responsabilidad estará marcado por su propio bagaje social y cultural.

Como resultado de todo lo anterior, y porque cada generación reproduce las estructuras esenciales de las generaciones anteriores, nos encontramos ante una sociedad construida sobre los cimientos de un modelo adultocéntrico, que no es más que una posición asimétrica y hegemónica de los adultos sobre los menores, donde se subestiman las capacidades de estos para tomar decisiones y para asumir responsabilidades; en la que la interlocución con el menor solo es válida si se produce a través del adulto; y donde el discurso del menor no existe porque es elaborado por sus mayores, convirtiéndose así en un sujeto sin voz. Muchas sorpresas nos llevaríamos si preguntáramos y aceptáramos sus reflexiones como válidas. Y nos sorprendería saber que son más flexibles, más empáticos y disciplinados de lo que nos imaginamos. Y si tienen alguna duda, por favor pregúntenles.

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