El jurado popular como herramienta judicial. ¿Es esta una opción plausible?
Autora: María de los Llanos Roldán Cueto
Junto con la aparición de las primeras agrupaciones humanas, surge la necesidad de establecer una convivencia pacífica y justa. Ya desde las civilizaciones más antiguas, como puede ser la babilónica, se castigaba a aquellos que corrompían el orden y que actuaban en perjuicio de sus iguales. Ejemplo de ello es el Código de Hammurabi, con la Ley del Talión. Desde entonces, la justicia se ha ido desarrollando y complejizando cada vez más. Esto se ha hecho con el objetivo de crear una sociedad mejor. Es por ello que me gustaría sacar a debate una de las formas de juicio más extendidas actualmente: el jurado popular.
El jurado popular, según la RAE, es una institución para la participación de los ciudadanos en la Administración de Justicia, mediante la cual personas designadas por sorteo contribuyen al enjuiciamiento de determinados delitos, a través de la emisión de un veredicto relativo a la prueba de los hechos. A partir de esta definición surgen, inevitablemente, dos posturas: aquella que está a favor y aquella que está en contra. En mi opinión, el jurado popular puede ser un arma de doble filo, y es por ello que estoy en contra del mismo.
A priori, los beneficios de este sistema son muchos. Entre ellos, la representatividad democrática. En un jurado de este tipo están presentes personas muy diversas, pues como hemos dicho anteriormente su elección se realiza por medio de un sorteo. Esto hace que veamos representadas las distintas opiniones de una determinada sociedad; y, por tanto, se observen de forma más clara los valores de la misma. El obtener información de perspectivas tan diferentes puede ser útil a la hora de realizar estudios sociológicos, antropológicos, etc. Pero la sentencia que se le impone a un acusado no debe ser objeto de debate entre varias personas elegidas al azar. Considero que es algo mucho más serio, y donde hay menos cabida para el error, pues un inocente podría acabar en prisión.
Otro de los argumentos a favor del jurado popular podría ser la participación ciudadana. Inmiscuir a la ciudadanía en el proceso judicial puede dar lugar al aumento de la concienciación respecto a estos temas. Además, ayudaría a promover valores como el sentido de responsabilidad cívica o el cumplimiento de los deberes ciudadanos. Si bien estas cualidades son convenientes, creo que debe de haber otro modo de promulgarlas, uno que no ponga en juego la libertad de un miembro de nuestra sociedad.
También, en pro del jurado popular puede argumentarse que ayuda a tener un mayor control sobre el Poder Judicial por parte de la población. Las personas que usan este argumento defienden que de esta forma es más complicado que se dé lugar a casos de corrupción o de abuso de poder por parte de los distintos cargos que forman parte de la administración de justicia. Pero, a mi parecer, cohechar a un miembro de un jurado tradicional presenta la misma, o mayor, dificultad que sobornar a uno de un jurado popular. Las personas de a pie, como lo somos nosotros, no contamos con el sentimiento de fidelidad que tienen aquellos que trabajan en el área de la justicia hacia su disciplina. Es por ello que somos más propensos a caer en este tipo de tretas.
Dicho esto, considero que por muchos beneficios que el jurado popular pueda traer consigo, estos no pueden hacer frente a la fatalidad que supondría que un hombre inocente acabara en prisión a causa de una sentencia dada por aquellos que no conocen la ley en profundidad.
A continuación, expondré los argumentos en los que me baso para oponerme al jurado popular como herramienta judicial. Para comenzar, uno de los factores a tener en cuenta es la falta de experiencia de los miembros convocados. Un ciudadano promedio, en el mejor de los casos, conoce lo más básico acerca del derecho. Además, la mayoría de nosotros nunca ha asistido a un juicio, o no a los suficientes como para poder formar parte del jurado. Son necesarios ciertos conocimientos técnicos y legales para poder comprender la complejidad de los casos. El pasar por alto cualquier tipo de detalle debido al desconocimiento de la ley, o del funcionamiento de la justicia en general, puede afectar a la calidad de las decisiones tomadas por los ciudadanos.
A esto se le suma la vulnerabilidad a la influencia externa a la que está expuesta el jurado popular. Los miembros del jurado pueden, de manera inconsciente, formar un juicio condicionado por factores como: sus prejuicios personales, la opinión pública, la presión ejercida por parte de sus compañeros, etc. Como ejemplo de ello podemos recurrir al Caso Asunta, tan popular estos días. Este es el nombre que recibe la investigación judicial en torno al fallecimiento de Asunta Basterra. Como principales acusados encontramos a los padres de la niña. El juicio efectuado se dio por medio de un jurado popular. Podemos afirmar que la valoración del jurado se vio afectada por los medios de comunicación, que fueron informando de lo sucedido desde el comienzo. Fue un acontecimiento muy mediático.
Por no hablar del tiempo y dinero que se invierten en este tipo de juicios. Por un lado, no solo se les resta tiempo de su día a día a los miembros del propio jurado, sino que también se alarga el dictamen de la sentencia, ya que los nueve miembros convocados (número de personas requeridas en España para conformar un jurado popular) deben ponerse de acuerdo. Por otro lado, en cuanto al dinero, no es lo mismo para el Estado pagar el sueldo de un juez, que pagar el de los once miembros del jurado popular (esto contando a los dos suplentes que debe de haber). Que no se me malinterprete, sé que es importante y necesario emplear recursos en justicia, pero si existe una forma más eficiente de hacerlo, sería conveniente optar por esta.
Por último, tanto la defensa como la acusación tienen la opción de seleccionar, de entre los ciudadanos elegidos por sorteo, a cuatro de los miembros que formarán parte del jurado. No es de extrañar que cada uno escoja a aquellos que más le beneficien según su postura. Por ejemplo, la posición de la acusación puede optar por elegir a personas jóvenes en el jurado, ya que estas tienden a ser más impulsivas y sancionadoras. Mientras que para la posición de la defensa es más conveniente escoger a personas mayores, puesto que son más benévolas y compasivas debido a su experiencia vital.
Dicho esto, considero que el jurado popular es una herramienta que surgió en un entorno determinado, pero que ha quedado obsoleta. Es innegable que esta forma de juicio tiene muchos aspectos positivos, como los mencionados al principio del escrito: la representatividad democrática, la participación ciudadana o el aumento del control por parte de la ciudadanía sobre el Poder Judicial. Aun así, hoy en día estas facultades podrían conseguirse de otra forma, alejada de las instituciones judiciales. Puesto que la justicia debe estar en manos de profesionales de ese ámbito, profesionales con los que contamos. Y no emplearlos podría considerarse un insulto hacia estos. Además, de esta forma evitamos imponer a los ciudadanos una carga que no les corresponde. Como ya he dicho previamente, los motivos para dejar atrás el jurado popular son varios: la inexperiencia de los convocados, su vulnerabilidad a influencias externas, el tiempo y dinero empleados o las tácticas utilizadas por la defensa y la acusación.
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