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Autor: Víctor Cabrerizo López

La pena de muerte es un castigo incluido en el código penal de algunos países que consiste en provocar la muerte de una persona condenada por el Estado a través de un procedimiento legal por haber cometido un determinado delito establecido en la legislación. Actualmente la pena de muerte se aplica en países como Estados Unidos, China, la India y Egipto, entre otros. Sin embargo, aunque la pena de muerte es bien vista por una parte de la población, todavía continúa la discusión sobre si es correcto aplicarla o de si es mejor abolirla en todo caso.

En el presente ensayo, me dispongo a defender una postura en contra de la pena de muerte. Mi postura es que la pena de muerte es algo que debería ser prohibido porque no es ético y porque también tiene un impacto negativo en la sociedad.

El primer argumento servirá para comprender los peligros que la legalización de la pena de muerte puede conllevar. Cuando se trata del ámbito judicial, la «justicia» de un país no es perfecta y es bien sabido que se pueden cometer errores a la hora de juzgar un crimen, que pueden dar lugar a que personas inocentes sean declaradas culpables. Existen casos famosos que corroboran la existencia de estos errores, como por ejemplo el caso de Steven Avery en Estados Unidos, que fue acusado de agresión sexual para ser posteriormente condenado y cuya inocencia se demostró con pruebas de ADN tras pasar dieciocho años en la cárcel. Otro caso, que además está relacionado con la pena de muerte, asunto que tratamos en esta ocasión, es el de Carlos DeLuna en Texas, Estados Unidos. Carlos DeLuna fue condenado a una pena de muerte por el supuesto asesinato de una empleada en una gasolinera, pero más tarde se demostró que él no era el asesino y que todo se debió a un error en la identificación de algunos testigos y otras pruebas débiles.

Por lo tanto, abolir la pena de muerte eliminaría la posibilidad de que alguien inocente perdiera la vida injustamente, lo cual sería un daño irreversible. Eliminar esa posibilidad es algo deseable.

El segundo argumento intenta explicar por qué la legalización de la pena de muerte resulta algo perjudicial y peligroso para la población. La paz, la convivencia y la cooperación son cosas fundamentales para que una sociedad funcione correctamente y permita a sus miembros vivir en un estado de bienestar, que es lo deseable. Por el contrario, si los miembros de una sociedad fueran violentos, esa sociedad estaría condenada al fracaso, ya que la gente no querría cooperar entre sí, y las personas tendrían miedo de tratar las unas con las otras.

Por otra parte, la legalización de la pena de muerte supone a la vez una normalización de los castigos violentos, como lo es la ejecución de una persona. Esto es porque pasaría de ser un tema tabú a algo normal o común. Si la ejecución de una persona se volviera un tema más recurrente en la sociedad, las personas dejarían de tener una «sensibilidad especial» respecto a la muerte y la violencia. Esa «sensibilidad especial» es, en muchos casos, la barrera que impide a una persona cometer un acto violento contra otra. Por lo que la normalización de los actos violentos, como matar a una persona, haría esa barrera más estrecha y, por consiguiente, más probable que las personas adopten actitudes violentas. Una población que ha normalizado la violencia, sea merecida o no, es una población agresiva, y una sociedad agresiva es más susceptible al fracaso.

Por lo tanto, la abolición de la pena de muerte ayudaría a mantener un clima más pacífico en una sociedad, un clima que como dijimos antes, es necesario para el deseable y correcto funcionamiento de una sociedad.

El tercer y último argumento tiene como objetivo reforzar la postura en contra de la pena de muerte, apelando a algo que todos estamos a favor de defender: la salud psicológica de las personas. Especialmente, la salud mental de aquellas personas que se encargan de la ejecución de los sentenciados, los verdugos.

En todo castigo penado con la muerte, es necesario un verdugo, alguien que se encargue de ejecutar a la persona condenada. El verdugo, como todo ser humano, tiene emociones, sentimientos y es susceptible de los daños psicológicos y traumas que conlleva matar a personas. Está comprobado que matar a personas tiene una repercusión psicológica negativa en quien las mata. Como ejemplo bien documentado, tenemos el caso de Ron McAndrew, un estadounidense que trabajó durante unos años como verdugo en ejecuciones con inyección letal y silla eléctrica. En una entrevista, Ron McAndrew relata lo duro que es el trabajo del verdugo y lo mucho que se sufre ejerciéndolo. Ron, hablando acerca de sus compañeros, decía lo siguiente en una entrevista:

Las personas que trabajan en el equipo de la muerte, los he visto encogerse en un rincón, con lágrimas, queriendo no ser vistos y no hablar con nadie. Tengo estos amigos, muchos de ellos hoy, nos apoyamos mutuamente porque nos damos cuenta de que el trabajo que hicimos era el trabajo sucio del gobernador. De que le pide a otras personas que maten por ellos. No creo que ellos se den cuenta del daño que les están haciendo a los verdugos¹.

Cabe recalcar que Ron no ejecutó a 100 personas, ni a 50, ni siquiera a 20, sino «solamente» a 8 personas a lo largo de su vida laboral, lo cual nos muestra lo duro que es matar a personas, aunque pensemos que lo merecen o sean criminales.

Por lo tanto, pudiendo optar por otras condenas y penas, es razonable pensar que imponer a los trabajadores funcionarios del Estado el tener que matar a determinadas personas juzgadas es algo injusto. Si es algo injusto y la justicia en la sociedad es algo que deseamos y algo a lo que aspiramos, lo mejor será optar por abolir la pena de muerte. Por el bien de las personas que trabajan en el asunto.

Surge ahora una objeción a la tesis planteada en este ensayo. Alguien podría objetar lo siguiente: condenar a criminales con pena de muerte ayudaría a reducir considerablemente la tasa de delincuencia. Esto es así porque, si alguien que tiene en mente cometer un crimen o asesinato es consciente de que la consecuencia que puede sufrir en caso de que le descubran es la muerte, en ese caso será menos capaz de emprender tal acción y optará por no cometerla.

Esta misma objeción podría ser contestada con cualquiera de los tres argumentos presentados a favor de la tesis, especialmente el primero y el tercero. Sin embargo, hay algunas cosas que decir en cuanto a la hipotética y supuesta reducción de la tasa de criminalidad. Frente a esta objeción, mi respuesta es que cuando analizamos los países en los que la pena de muerte es ilegal, vemos que la tasa de delincuencia no ha subido. De hecho, en algunos ha bajado. Como ejemplo de ello, tenemos el caso de Canadá, cuya tasa de delincuencia de 2008 era inferior a la mitad de la de 1976, que fue el año cuando se abolió la pena de muerte en el país. Aunque esto no es algo que ocurra necesariamente, es razonable optar por la abolición de la pena de muerte viendo que no está demostrado que la tasa de delincuencia disminuya a causa de la pena de muerte, y teniendo en cuenta también los tres argumentos presentados en contra de ésta.

Surge ahora otra objeción en contra de la tesis. Otros podrían objetar lo siguiente: es mejor condenar con pena de muerte a un asesino u otra persona que lo merezca en lugar de tener que pagar todos los gastos que conlleva mantenerlo en cadena perpetua. Económicamente, sería menos costoso matar a una persona que mantenerla de por vida con ropa, energía, comida y una celda. Por lo tanto, la pena de muerte es, económicamente hablando, una buena idea.

Como respuesta a esta objeción digo que eso no es cierto. Esa objeción es presentada con bastante frecuencia por las personas que abogan por la legalidad de la pena de muerte. Sin embargo, el hecho de que la pena de muerte es menos costosa económicamente es falso. La realidad es que mantener a un preso de por vida en la cárcel conlleva un gasto incluso mucho menor que ejecutarlo.

Según datos publicados por el Centro de Información sobre la Pena de Muerte de Estados Unidos, recogidos de diferentes estudios, los costes de una ejecución superan, y mucho, a los de una cadena perpetua. Por ejemplo, en California cuesta 114 millones de dólares más ejecutar a un preso que mantenerlo en prisión². El DPIC (Death Penalty Information Centre) afirma lo siguiente en un informe:

La pena de muerte es una cuestión moral para algunos y una cuestión política para otros. Sin embargo, también es un programa gubernamental con costos asociados. Mucha gente asume que el Estado ahorra dinero al aplicar la pena de muerte, ya que una persona ejecutada ya no requiere confinamiento, atención médica ni gastos relacionados. Sin embargo, en la aplicación moderna de la pena capital, esa suposición se ha demostrado repetidamente errónea³.

Es una cuestión de datos cuantitativos objetivos, la pena de muerte supone un mayor coste económico para el país. Por lo tanto, desde el punto de vista de la economía de un Estado, si consideramos que la salud económica del país es algo deseable, entonces sería más inteligente optar por abolir la pena de muerte.

En este ensayo he mostrado que se debería abolir la pena de muerte, debido a todas las consecuencias negativas que ésta implica. En primer lugar, la legalización de la pena de muerte podría causar la ejecución de inocentes a los que la justicia ha condenado por algún error, y como eso es algo injusto, defender la legalización de la pena de muerte no sería ético en tanto que no es tener precaución con las personas que forman parte de una sociedad. En segundo lugar, he defendido que la pena de muerte puede llegar a inculcar una conducta o mentalidad negativa en la sociedad, mediante la normalización de prácticas violentas y una apología de la venganza. En tercer lugar, demostré el hecho de que la pena de muerte requiere necesariamente de verdugos, los cuales sufren y lamentan realizar ese trabajo. Esa profesión les afecta de manera negativa y, por lo tanto, imponer a alguien esa horrible tarea es algo injusto. Por último, se refutaron dos de las objeciones más comunes en contra de la tesis, respondiendo satisfactoriamente e incluso aportando datos estadísticos objetivos.

Para finalizar, me gustaría hacer una reflexión personal. Creo que es positivo que las personas sientan indignación ante la injusticia y deseen castigo para quienes cometen actos crueles y han causado daños irreparables a familias. Sin embargo, para una sociedad más compasiva y pacífica, considero que es importante entender que en realidad no existen personas malas por naturaleza ni la maldad como una sustancia, sino actos malos motivados por emociones como la ira o la ignorancia. Esas personas no son sino víctimas de sus experiencias y circunstancias. En lugar de condenar con odio y rabia, sentimientos que son como un veneno y nos hacen peores personas, debemos abordar estos casos con una mirada de compasión, entendiendo las razones que hay detrás de los malos actos, y aplicar penas más justas para todos, verdugos, ciudadanos y nosotros mismos. Creo que esto beneficiaría tanto a la sociedad como a cada individuo.

¹ Entrevista completa a Ron McAndrew.

² https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/trolear-a-la-pena-de-muerte

³ https://deathpenaltyinfo.org/policy-issues/policy/costs?amp%3Bscid=7&did=108

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