Enero de 2025

Artículo publicado en elDiario.es, blog Murcia y aparte, 11/01/2025.

En los últimos meses, varios municipios de la Región de Murcia se están viendo amenazados por la instalación de las llamadas «plantas de biogás», es decir, industrias químicas molestas y peligrosas que pueden causar graves daños a la salud de sus habitantes, a su entorno natural y a su tejido socio-económico, y que se nutrirán de flotas de camiones transportando diariamente los purines de los cerdos y otros desechos orgánicos e industriales por las carreteras de toda la región.

Son ya siete los municipios afectados, y en todos ellos se han creado plataformas vecinales que están emprendiendo diversas acciones de protesta: Doña Inés (Lorca), Fuente Álamo, Molina de Segura, Mula, El Mirador (San Javier), Santomera y Torres de Cotillas. Y la lista sigue aumentando. El presidente regional ha anunciado la construcción de 40 plantas, en una comunidad con 45 municipios. Todo esto se está llevando a cabo «manu militari», de manera autoritaria y precipitada, sin tener en cuenta el derecho de la ciudadanía a un entorno saludable e incluso en contra de la voluntad expresada públicamente por las plataformas vecinales.

Es un fenómeno que está ocurriendo en toda España y que pretende imponerse de manera acelerada, sin la debida información pública, sin suficientes garantías de seguridad y con una publicidad engañosa, lo que está suscitando en muchos lugares las protestas de las poblaciones afectadas.

Basta recordar lo sucedido en Balsa de Ves (Albacete): en esta población manchega de apenas 136 habitantes se instaló una macrogranja de cerdos y, posteriormente, una planta de biogás que inicialmente iba a procesar sólo residuos orgánicos y que luego pasó a procesar también residuos industriales. Las consecuencias han sido devastadoras: la población ha disminuido más del 40%, la fuente local ha dejado de proporcionar agua potable y el campo circundante ha sido contaminado por toneladas de digestato pestilente que impregna el suelo y el aire. La actual alcaldesa recuerda las palabras del exalcalde, ya fallecido: «He traído la ruina a mi pueblo». Un proyecto que prometía prosperidad ha terminado provocando contaminación, despoblación e indignación.

¿A qué se debe esta repentina fiebre por el llamado «biogás»? Hay tres motivos principales. En primer lugar, la presión del poderoso sector de las macrogranjas y la agroindustria, que necesita dar salida a sus residuos para seguir manteniendo e incluso incrementando su insostenible negocio. De hecho, la rentabilidad de las plantas de biogás no se debe tanto a la venta del gas que producen sino al pago que reciben de las empresas productoras de desechos, junto con las subvenciones públicas a fondo perdido para su instalación. Para entender el estrecho vínculo entre la expansión del sector porcino y la proliferación de plantas de biogás, basta recordar el poder del Grupo Fuertes, uno de los más influyentes de España, que promueve algunos de los proyectos de biogás como el de Mula, y que es capaz de condicionar las decisiones políticas de los gobernantes de nuestra región.

En segundo lugar, no hay una normativa estatal que regule de manera específica este tipo de instalaciones y que garantice adecuadamente una serie de requisitos compatibles con la justicia social y ambiental: la protección de las personas y de su entorno, la proximidad a las fuentes emisoras de los desechos, la función social de la energía producida y, por supuesto, el derecho de la ciudadanía a decidir democráticamente sobre los usos de su propio territorio. Estos requisitos son imprescindibles para que podamos hablar de una transición ecológica justa y democrática.

En este asunto del biogás está ocurriendo algo análogo a lo que sucede con las macro-instalaciones de aerogeneradores, que se están extendiendo por toda España sin contar con las poblaciones afectadas, y que por ello mismo han dado lugar a una fuerte oposición cívica. Como en el caso del biogás, la oposición no es contra las energías renovables y en particular contra los aerogeneradores, sino contra el modo en que los están implantando y explotando las grandes empresas del sector. Basta pensar en los más de 60 parques eólicos suspendidos por los tribunales en Galicia.

Esta falta de un ordenamiento legal adecuado y este déficit de participación democrática de las poblaciones afectadas también se está dando en las plantas de biogás y está permitiendo que puedan tramitarse y construirse rápidamente, mediante la mera connivencia entre las empresas interesadas, los gobiernos autonómicos y los alcaldes de los municipios implicados.

En tercer lugar, el boom del biogás se debe a que España tiene pocas plantas de este tipo en relación con otros países europeos más «avanzados», así que nos dicen que debemos «desarrollarnos» y ponernos a la par con ellos, aunque sea de manera precipitada y autoritaria, como parte del llamado proceso de «transición energética». De hecho, hay un plan financiado por la Unión Europea, con cargo a los fondos de la «transición energética», para multiplicar por toda Europa este tipo de plantas de «biogás». Otra cosa es el modo en que se están implantando en cada país.

En España, hay un Programa de incentivos a proyectos singulares de instalaciones de biogás, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea (Next Generation EU). En la convocatoria de 2023 se aprobaron 81 propuestas por valor de 76,5 millones de euros, cinco de ellas en la Región de Murcia (3,8 millones de euros). Las empresas gasísticas y porcinas se apuntaron rápidamente, pero dándoles la orientación que a ellas les interesa, la del puro negocio, sin la menor consideración hacia el bienestar de las poblaciones afectadas. Al parecer, con el visto bueno del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y en concreto del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

Se nos habla de «energía renovable» y de «economía circular», pero en realidad se trata de blanquear (o reverdecer, en este caso), consolidar e incluso ampliar, todo ello con dinero público, las macrogranjas y la agroindustria, es decir, una economía insostenible que degrada los ecosistemas, la salud pública y el tejido social de las poblaciones donde se impone. Este es el «capitalismo verde»: la economía depredadora de siempre, pero con un baño verde muy bien publicitado. Los gobernantes murcianos no han vacilado en ofrecer nuestra región como «zona de sacrificio», aunque desde el Ministerio la llaman «zona de Transición Justa y Reto Demográfico».

Es inaceptable que muchos alcaldes de la región, para favorecer el negocio de las empresas porcinas y gasísticas, estén actuando en contra de la voluntad manifestada públicamente por sus vecinos y vecinas, y en contra también de su legítimo derecho a vivir en un entorno seguro y saludable, y todo ello. Y es igualmente vergonzoso que la Asamblea Regional murciana haya rechazado la sensata moción de Unidas Podemos, que proponía una moratoria de cinco años hasta contar con una normativa estatal que regule adecuadamente estas peligrosas instalaciones.

Así que, una vez más, nos toca salir a la calle para defender nuestros derechos, nuestra salud y la de nuestros pueblos.

Última actualización: enero_2025 2025/01/11 12:13

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