Enero de 2024
El gran retroceso
Artículo publicado en elDiario.es, blog Murcia y aparte, 20/01/2024.
En 2024, unos 4.000 millones de personas (casi la mitad de la población mundial) participarán en 87 procesos electorales para renovar los gobiernos de 79 países, entre ellos Estados Unidos, Rusia, India, Irán, México, Sudáfrica y la Unión Europea.
En España, habrá elecciones en Galicia, País Vasco y tal vez Cataluña. Además, el nuevo gobierno de coalición PSOE-Sumar está comprobando la dificultad de mantener el apoyo de los partidos que le dieron la investidura, sobre todo Junts y Podemos, lo que abre la posibilidad de que pueda acortarse la presente legislatura. En estas circunstancias, merece la pena reflexionar sobre el avance de los partidos y gobiernos de ultraderecha y sobre el consiguiente retroceso de las democracias en todo el mundo.
En la década de los 90, tras el fin de la Guerra Fría, la democracia se convirtió en el régimen político adoptado por la mayoría de países del mundo. Incluso China comenzó a presentarse como una democracia «a la china». Como dijo Amartya Sen, la democracia se había convertido en un «valor universal». Pero, en las dos últimas décadas, ha tenido lugar un cambio de rumbo. La primera inflexión se produjo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la «guerra global contra el terrorismo» emprendida por Estados Unidos, lo que dio lugar a la invasión de Afganistán e Irak, y a una progresiva «securitización» de las relaciones internacionales. La segunda inflexión fue la crisis económica de 2008, que condujo a durísimas políticas de «austeridad» y a un incremento de la desigualdad, la precariedad y la pobreza, lo que a su vez causó el descrédito de los regímenes democráticos y el auge de los partidos y gobiernos de ultraderecha.
Lo más alarmante es que la agenda de la ultraderecha neofascista ha sido adoptada también por las derechas neoliberales: bajada de impuestos, privatización de servicios públicos, precarización del empleo, rechazo a los migrantes, reacción antifeminista, negacionismo climático, expolio de los ecosistemas, deshumanización de los adversarios políticos, etc. Basta recordar el Brexit y la proliferación de autócratas como Trump, Bolsonaro, Orbán, Meloni, Putin, Xi Jinping, Modi, Milei, Netanyahu, etc.
Se han realizado ya muchos estudios sobre este nuevo fenómeno. En 2017 se publicó El gran retroceso, en el que diecisiete intelectuales alertaban sobre la involución de la democracia y de todos los ideales civilizatorios de la modernidad. El Instituto Variedades de Democracia (V-Dem Institute), de la Universidad de Gothenburg (Suecia), publica cada año un informe sobre la situación de los regímenes políticos de todo el mundo. Para ello, tiene en cuenta numerosos indicadores de calidad democrática y clasifica a los países en cuatro categorías: «autocracia cerrada», «autocracia electoral», «democracia electoral» y «democracia liberal». Según el informe de 2023, los avances democráticos que se dieron tras el final de la Guerra Fría «se han esfumado». El 72% de la población mundial vive bajo regímenes «autocráticos», lo que nos devuelve cuarenta años atrás. Hoy hay más gente gobernada por «autocracias cerradas» (28%) que por «democracias liberales» (13%). Las «democracias liberales» han descendido de 44 en 2009 a 32 en 2022. Por el contrario, las «autocracias cerradas» han aumentado de 22 en 2012 a 33 en 2022. Además, ese año había 42 países en proceso de «autocratización», entre ellos Estados Unidos, Brasil, Rusia, India, Hungría, Polonia, Grecia, El Salvador, Ghana, etc.
Los países más democráticos son Dinamarca, Suecia y Noruega. España estaba en el puesto decimosexto. Pero, tras las elecciones del 28M, se han formado gobiernos de (ultra)derecha en seis comunidades (Aragón, Islas Baleares, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura y Región de Murcia), cuyas primeras medidas suponen un claro retroceso democrático. En las elecciones del 23J, la alianza entre el PP y Vox estuvo a punto de conseguir el gobierno del Estado, aunque finalmente se formó un gobierno de coalición de izquierdas PSOE-Sumar con apoyos muy diversos y muy frágiles.
El V-Dem Institute alerta sobre «la actual ola de autocratizacion en el mundo» y sobre el inicio de una nueva Guerra Fría en la que las «autocracias cerradas» y las «democracias liberales» compiten en el terreno económico y geopolítico para controlar los territorios y recursos del planeta. El ciclo de avances y retrocesos de la democracia no afecta sólo a la organización de cada país sino también al orden internacional.
Tras el fin de la Guerra Fría, parecía que por fin la ONU iba a ejercer el liderazgo en la pacificación de las relaciones internacionales y en la organización de conferencias y tratados para afrontar de manera colaborativa los grandes retos globales. En cambio, hoy asistimos a una nueva confrontación geopolítica entre el bloque euro-atlántico liderado por Estados Unidos y el grupo BRICS liderado por China. Eso explica que estallen nuevas guerras como la de Rusia-Ucrania y se reactiven otras como la de Israel-Palestina. Y lo peor es que todo esto coincide con la aceleración del cambio climático y la urgente necesidad de planificar la descarbonización y el decrecimiento de la economía. Sin una pacificación y una democratización de las relaciones internacionales, las probabilidades de un colapso civilizatorio se incrementan exponencialmente.
Como dijo Karl Mannheim en Ideología y utopía (1929), la «ideología» y la «utopía» son dos formas de trascender una determinada realidad social, pero la primera la trasciende para idealizarla y perpetuarla como algo inmejorable, mientras que la segunda lo hace para cuestionarla y mejorarla. La «ideología» tiende a fijar lo que está dado como si fuese inamovible, mientras que la «utopía» tiende a transformarlo para crear algo nuevo.
En realidad, esta tensión es inherente a todo discurso normativo que pretenda regular la convivencia humana. Las leyes tienen un estatuto paradójico, pues dicen a un tiempo lo que «es» y lo que «debe ser». Léase el artículo 14 de nuestra Constitución: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.» Este enunciado dice lo que los españoles «son», como si su igualdad ante la ley fuera un hecho ya dado, ya consumado de manera completa y definitiva, una realidad constatable e inmodificable que debe ser protegida contra todo intento de vulneración o transformación. Este es el lado «ideológico» de la ley, su pretensión de legitimar como justo e inalterable lo que ya hay. Pero, al mismo tiempo, la ley prescribe la igualdad entre todos los españoles no como un hecho ya dado sino como un derecho que puede ser reclamado, como lo que «debe ser» la realidad, es decir, promete ese «deber» como un imperativo práctico, como un horizonte regulativo al que tiene que ir acercándose y ajustándose el «es», acortando así la distancia entre ambos. Este es el lado «utópico» de la ley, su poder para transformar y mejorar la realidad social.
Esta paradoja de la ley se da también en ese conjunto de leyes e instituciones al que llamamos democracia. Por un lado, la democracia ha sido utilizada siempre, y sigue siendo utilizada hoy en los discursos de la derecha neoliberal y la ultraderecha neofascista, con fines claramente ideológicos, como si se tratase de un ideal político ya realizado, ya consumado, y por tanto incuestionable e inalterable. Toda propuesta de mejora es descalificada como extremista, comunista, totalitaria, etc. Sin duda, tenemos que cuestionar este uso ideológico de la democracia, esta autocomplacencia con la que los países más poderosos del Occidente euro-atlántico apelan a ella para justificar toda clase de guerras, explotaciones, dominaciones, ecocidios y genocidios, como el que está cometiendo el «democrático» gobierno de Israel con el pueblo palestino.
Sin embargo, no podemos renunciar a la idea de democracia. Si denunciamos sus usos ideológicos no es para desecharla sino para recuperarla, para impedir que se la apropien los poderosos, porque su propósito no es otro que corromperla y destruirla. Por eso, no podemos dejar de reivindicarla como el horizonte «utópico» de nuestra acción ético-política. De hecho, los nuevos movimientos emancipatorios (pacifismo, feminismo, ecologismo, decolonialismo, colectivos LGTBI+, etc.) no pretenden sino renovar y universalizar las promesas de «libertad, igualdad y fraternidad». Como han señalado Vandana Shiva, Bruno Latour, Luigi Ferrajoli, Nancy Fraser y muchos otros, en el siglo XXI hemos de construir una «democracia de la Tierra» que acoja a todos los seres humanos y a los demás seres vivientes.
Nuestra tarea es doble: combatir los usos ideológicos, reaccionarios y destructivos de la democracia, y al mismo tiempo promover sus usos utópicos, revolucionarios y creativos. Parafraseando la vieja fórmula monárquica: «La democracia ha muerto. ¡Viva la democracia!».
La rana y el alacrán
Artículo publicado en elDiario.es, blog Murcia y aparte, 13/01/2024.
El miércoles 10 de enero se votó en el Congreso de los Diputados un paquete de tres decretos presentados por el Gobierno de coalición PSOE-Sumar para mejorar las condiciones de vida de las trabajadoras y trabajadores españoles, y también para que España pueda recibir de la Unión Europea un nuevo desembolso de 10.000 millones de euros. Dos de los decretos fueron aprobados gracias a que Junts se ausentó de la votación. En cambio, el tercer decreto, que estaba destinado a mejorar el subsidio de desempleo y que había sido duramente negociado por la Ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, con la Ministra de Economía y miembro del PSOE, Nadia Calviño, hasta que logró el apoyo de Pedro Sánchez y del conjunto del gobierno de coalición, no pudo ser aprobado por el voto en contra de los cinco diputados tránsfugas de Sumar y militantes de Podemos, que unieron sus votos a los de Vox, PP y UPN.
Conviene recordar cuáles son las medidas que Podemos, Vox, PP y UPN han rechazado: el aumento del subsidio (de 480 a 570 euros al mes) para unas 800.000 personas, la eliminación del mes de espera para poder cobrar el subsidio, la posibilidad de compatibilizar un empleo y una parte del subsidio, la protección de nuevos colectivos sociales (menores de 45 años sin cargas familiares y eventuales agrarios), la derivación de otros colectivos al ingreso mínimo vital, la universalización del derecho a acumular el permiso de lactancia en jornadas completas (como exige la Directiva europea de conciliación) y la prioridad de los convenios autonómicos sobre los estatales cuando resulten más beneficiosos para los trabajadores.
A la vista de este importante listado de mejoras sociales, laborales y de conciliación, el argumento de Podemos para justificar su rechazo (que se “recorta” el subsidio a los mayores de 52 años) no sólo es demasiado débil sino que además es falso, pues no tiene en cuenta que el salario mínimo interprofesional (SMI), que sirve de base para calcular el subsidio, se ha doblado desde 2018 gracias a la magnífica gestión de Yolanda Díaz como Ministra de Trabajo. Y este es el verdadero quid de la cuestión, el que explica la irresponsable actuación de Podemos, porque su objetivo real es atacar a Yolanda Diaz por tierra, mar y aire, ningunear ante la ciudadanía (como viene haciendo la derecha) los avances sociales y laborales que ha conseguido desde que es Ministra de Trabajo; y de ese modo, debilitar el proyecto Sumar y a todo el gobierno de coalición, aunque con ello perjudique a la clase trabajadora y facilite el camino a un gobierno de PP-Vox.
Ese obsesivo rencor contra Yolanda Díaz y contra Sumar tiene como reverso la nostalgia melancólica de la gloria perdida, que Podemos fantasea con recuperar gracias a las elecciones europeas de junio de 2024. Por eso, el gurú Pablo Iglesias y su cada vez más reducido círculo de feligreses se obstina en repetir que la verdadera izquierda, la auténtica, la pura, la revolucionaria, no es la blandita y “femenina” Sumar sino la dura y “viril” Podemos. Ese es el sesudo “relato” con el que justifican todos y cada uno de los pasos que han ido dando desde que Yolanda Díaz lanzó el proyecto de Sumar para congregar a toda la izquierda política y social, tan disgregada y debilitada debido precisamente a la deriva cada vez más sectaria de los dirigentes de Podemos.
Pero se olvidan de un pequeño detalle: el electorado. Un partido político democrático no tiene otra finalidad ni otra legitimidad que la representación que le otorgan de manera periódica los y las votantes. Esa representación conlleva, como contrapartida, un cumplimiento de las promesas hechas al electorado y una rendición de cuentas por la gestión realizada. Pues bien, Podemos ha ido sufriendo una progresiva pérdida de votos en cada nueva convocatoria electoral.
En las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo de 2023, tras su inasistencia al acto de Magariños en el que Yolanda Díaz presentó su candidatura a la presidencia del gobierno, y sobre todo tras su negativa a formar candidaturas unitarias con las demás formaciones de la izquierda alternativa, Podemos sufrió un tremendo castigo electoral. Desapareció de numerosos gobiernos municipales y autonómicos. Tuvo que cerrar nueve de sus sedes y despedir a la mitad de sus empleados. Pero lo peor de todo es que su batacazo electoral facilitó la llegada al poder de la alianza PP-Vox en muchas ciudades y comunidades autónomas. Sin embargo, ningún miembro del grupo dirigente de Podemos asumió públicamente la responsabilidad por el fracaso de su estrategia política, ninguno tuvo la honestidad de rendir cuentas, ninguno hizo la menor autocrítica, ninguno tuvo el valor de presentar la dimisión de sus puestos orgánicos, aunque sí lo hicieron algunos cargos territoriales.
Esto me parece muy importante: si un partido político menosprecia el veredicto del electorado, si se niega a rendir cuentas ante aquellos a los que pretende representar, deja de ser un partido y se convierte más bien en una secta de iluminados en torno a un gurú. Y ese es exactamente el camino que está siguiendo Podemos. Tras el batacazo electoral del 28M, en lugar de asumir su responsabilidad se lanzaron a un redoblado ataque contra Yolanda Díaz por “vetar” a la ex ministra Irene Montero en las candidaturas de la coalición electoral de Sumar para las elecciones generales del 23 de julio. Fue una estupenda cortina de humo para ocultar sus propias vergüenzas y al mismo tiempo erosionar el proyecto Sumar, y todo ello a pesar de los éxitos cosechados por la alianza PP-Vox y la altísima probabilidad de que esa alianza pudiera conseguir el gobierno del país.
Llegamos así a otro punto de inflexión decisivo en la deriva autodestructiva de Podemos. Sus dirigentes sabían que ya no contaban con el apoyo del electorado, que ya no eran los referentes de la izquierda alternativa, pese a su sesudo “relato”, y que si se presentaban en solitario a las elecciones generales del 23 de julio podían convertirse en un partido extraparlamentario, siguiendo el mismo destino que UPyD y Ciudadanos. Así que, haciendo gala de un cinismo carente de la más mínima ética política, suscriben el acuerdo electoral con Sumar, fingen asumir el liderazgo político de Yolanda Díaz y durante la campaña se dedican a engañar descaradamente a las demás organizaciones de la coalición, a los compañeros y compañeras de candidatura, a las numerosas personas que trabajaron como voluntarias y, sobre todo, al electorado que se ilusionó con el proyecto Sumar y le dio su voto.
Fui candidato independiente de Sumar al Senado por la circunscripción de Murcia, en la que Javier Sánchez Serna, coordinador autonómico de Podemos y miembro de su Consejo Ciudadano Estatal, encabezó la lista al Congreso. Gracias a las muchas personas que nos movilizamos en la región, obtuvimos 70.900 votos (9,52%), más del doble de los 32.173 (4,70%) obtenidos por Podemos-IU-Verdes-AV en las autonómicas del 28M. Gracias a esa importante movilización, Javier Sánchez Serna obtuvo su acta de diputado de Sumar. Sin embargo, una vez constituido el gobierno de coalición, Javier y las otras cuatro diputadas de su partido abandonan el grupo parlamentario de Sumar, se convierten en tránsfugas y reanudan sus ataques contra Sumar, la coalición electoral a la que deben su cargo y su sueldo. Si de verdad fueran personas tan coherentes como dicen ser, reconocerían el engaño que han cometido contra el electorado y renunciarían a su acta de diputados. Pero el “relato”, una vez más, lo justifica todo.
Lo que ha sucedido después era bastante previsible. Primero, la negativa a presentar una candidatura unitaria con Sumar en Galicia; ahora, el rechazo al decreto que mejora el subsidio de desempleo… ¿Qué será lo siguiente? A Podemos no le importa poner en riesgo el gobierno PSOE-Sumar, pues su objetivo último consiste precisamente en debilitarlo, hacerlo fracasar y forzar unas nuevas elecciones, con la fantasiosa esperanza de que entonces el electorado despertará, negará su apoyo a Sumar y se lo concederá de nuevo a Podemos, aunque sea bajo un gobierno PP-Vox. Obviamente, se trata de una quimera, pero los dirigentes de Podemos se creen tan listos que no han aprendido nada. Podemos nació con la promesa de “asaltar los cielos” y ahora toda su estrategia se reduce a combatir obsesivamente contra Sumar. Aunque eso les lleve a su propio y definitivo hundimiento, como en la fábula de la rana y el alacrán.
Última actualización: — enero_2024 2024/01/17 11:55
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- Última modificación: 2024/01/21 21:10
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