Junio de 2013

Ha llegado el verano. Y, como cada año por estas fechas, no puedo dejar de recordar los versos de un poema que escribí hace ahora veinte años. A pesar del tiempo transcurrido, cada vez que llega el verano, vuelvo a recitar para mí mismo, como una oración secreta, este pequeño canto a la vida.

Cálida noche de junio.
Las estrellas, en el cielo.
Alrededor de la casa,
palmeras y limoneros.

A la vera de la sierra,
el umbrío mar de huertos,
y las ranas, y los grillos,
y el ladrido de algún perro.

En el aire, la caricia
y el olor del jazminero.
En el porche, los amigos,
y la risa, y el sosiego.

Cálida noche de junio,
sombra del verano eterno,
contigo vuelve la vida,
contigo mi amor ha vuelto.

Los Martillos, 25 de junio de 1993

Última actualización: junio_2013 24/06/2013 19:20

La hegemonía de las políticas neoliberales en los países occidentales no sólo ha provocado la mayor crisis económica desde los años 1930, el incremento acelerado de las desigualdades sociales y la extrema precarización de las condiciones sociales y laborales, sino también el deterioro de los servicios públicos básicos, incluidas las instituciones relacionadas con el conocimiento: el sistema educativo, las universidades y la investigación.

Es cierto que los políticos, banqueros, empresarios y economistas neoliberales prodigan toda clase de elogios a la llamada “sociedad del conocimiento”, pero el problema es que tienen una concepción mercantilista y tecnocrática del “conocimiento”, de modo que cualquier tipo de saber sobre el mundo, sobre la sociedad y sobre uno mismo, si no es traducible en artilugios patentables y vendibles, no tiene valor alguno. Ya lo decía el poeta Antonio Machado: sólo los necios confunden valor y precio. Pues bien, son esos necios los que gobiernan hoy el mundo.

Como se ha puesto de manifiesto en el VIII Programa Marco de la Unión Europea (Horizonte 2020), y también en el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, aprobado por el Gobierno español hace unos meses, a las actuales élites del Occidente euro-atlántico sólo les importa la tríada I+D+i, es decir, la investigación aplicada y rentable, la que puede ser transferida de forma más o menos inmediata al sistema productivo y a las demandas del mercado, en otras palabras, la innovación tecno-científica susceptible de incrementar el “valor añadido” de los productos, el “capital humano” de los productores, la “competitividad” de las empresas y, en último término, los beneficios de los inversores y el Producto Interior Bruto (PIB) de los Estados.

Ahora bien, para decidir qué clase de conocimiento se ajusta a esos patrones mercantilistas y tecnocráticos, y, por tanto, qué campos científicos, qué investigadores, qué proyectos, qué universidades y qué centros de investigación deben ser financiados, hay que establecer un sistema de evaluación de ese conocimiento financiable que no deje el más mínimo margen al juicio cualitativo, al pluralismo epistémico, a la interpretación histórico-cultural, a la crítica ético-política, en resumen, al debate público y democrático. Así que es preciso contar con unos conceptos completamente neutros -o, más bien, neutralizados- de “calidad” y “excelencia” del conocimiento, y con unos “indicadores” de esa calidad y esa excelencia que sean puramente “objetivos” -es decir, cuantificables, traducibles a valores numéricos y a rankings competitivos-, de modo que sea relativamente fácil -y, en el límite, automático- medir el valor de tal o cual investigación, de tal o cual investigador, de tal o cual universidad o centro de investigación, etc.

La consigna neoliberal en el ámbito del conocimiento es bien clara: sólo serán financiados -y, por tanto, sólo tendrán derecho a la existencia- los saberes académicos, proyectos de investigación, investigadores individuales o equipos de investigadores, centros de investigación y universidades (a pesar de que las universidades son también, y ante todo, instituciones docentes y culturales) que se sometan a estos sistemas de evaluación cuantitativa de la “calidad” y la “excelencia”, y que logren obtener los puestos más altos en los respectivos rankings competitivos. Los demás saberes, proyectos, investigadores e instituciones de docencia e investigación, sean cuales sean sus méritos y su función social y cultural, serán condenados a la irrelevancia e incluso a la inexistencia.

Aunque parezca increíble, esta delirante consigna, reiterada día tras día por las élites dominantes del capitalismo globalizado, ha acabado convirtiéndose en indiscutible Palabra de Dios, y como tal ha ido imponiéndose poco a poco en la mayor parte de las instituciones académicas del mundo.

En España se han dado pasos acelerados en esta dirección, sobre todo desde que padecemos la prepotencia del gobierno de Rajoy y del ministro Wert. No sólo se han adoptado brutales recortes presupuestarios en educación, universidades e investigación, sino que se pretende utilizar la evaluación cuantitativa de la docencia y la investigación como la clave fundamental de todo el sistema. Veamos algunos ejemplos.

El Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, por ejemplo, establece una medida insólita. Los tramos de investigación conocidos como “sexenios” (porque son tramos de seis años), hasta ahora eran solicitados de forma voluntaria por los investigadores y profesores universitarios para obtener un complemento retributivo. Su evaluación es realizada por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI), basándose casi exclusivamente en mediciones cuantitativas de los artículos publicados en revistas indexadas por unas pocas bases de datos internacionales, y no en otras muchas tareas de investigación que la CNEAI ignora, porque están conectadas con la docencia y la gestión (como la dirección de tesis, la organización de congresos, etc.), o porque son difícilmente reducibles a una evaluación meramente cuantitativa (como la escritura de ensayos, estudios monográficos, etc.). Pues bien, el ministro Wert, a través del RDL 14/2012, de 20 de abril, ha decidido utilizar los sexenios para jerarquizar a todo el profesorado universitario en tres categorías nuevas, con tres niveles diferentes de carga docente, en función del mayor o menor número de sexenios obtenidos, y en función de si el último sexenio está “vivo” o “muerto” (es decir, si se ha obtenido en los últimos seis años o en años precedentes). De este modo, la docencia se convierte en un castigo para quien no haya obtenido suficientes sexenios o no los tenga “vivos”, y la investigación basada en indicadores cuantitativos se convierte en el critero decisivo para reordenar, manu militari, todo el sistema docente universitario.

Esta utilización de los sexenios para clasificar a todos los investigadores y profesores universitarios en diferentes rangos de nobleza académica, también puede observarse en la nueva regulación de los estudios de doctorado. Basándose en el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, tanto las universidades como la propia Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) están imponiendo unos muy exigentes requisitos para elaborar nuevos programas de doctorado y para participar en ellos, y la exigencia fundamental vuelve a ser el número de sexenios y su carácter de sexenios “vivos”.

Un tercer ejemplo: el documento “Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español”, elaborado por la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Universitario Español que nombró el Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, y que se hizo público el 12 de febrero de 2013. En ese documento se propone acabar con el gobierno autónomo y democrático de las universidades, imponerles una gestión empresarial controlada externamente por los patronos privados y las comunidades autónomas correspondientes, evaluar su calidad exclusivamente en función de su posición en los rankimgs internacionales de investigación, y forzarlas a la completa autofinanciación, es decir, a que se financien cada vez más con los ingresos por “transferencia de conocimiento” al sector privado y con el incremento paulatino de las tasas universitarias. De ese modo, las universidades públicas dejarían de ser un servicio subvencionado por el Estado, sus tasas se equipararían a las universidades privadas y su existencia dependería exclusivamente de su mayor o menor “competitividad” en el mercado global del conocimiento.

Y un último ejemplo: la llamada “Ley Wert”, es decir, el Proyecto de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que actualmente se encuentra en trámite parlamentario, concibe la educación primaria y secundaria como una mera instrucción profesional, es decir, como una mera preparación de los niños y adolescentes para que lleguen a ser profesionales “competitivos” en el mercado laboral global. Por eso, la LOMCE pretende instaurar a lo largo del proceso formativo una serie de reválidas o mediciones cuantitativas del rendimiento académico de los estudiantes, para seleccionar a los más “competitivos” y segregar a los más incompetentes; y también pretende establecer rankings de centros escolares, para fomentar la “competencia” entre ellos y modular la financiacón pública en función de su “calidad” y “excelencia”.

Es cierto que se han alzado aquí y allá voces de protesta contra esta concepción mercantilista y tecnocrática del conocimiento, y contra la proliferación de rankings y sistemas cuantitativos de evaluación de la calidad y la excelencia. Entre esas voces aisladas, se encuentra la filósofa judeo-estadounidense Martha C. Nussbaum, y en particular su libro Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita de las humanidades (Buenos Aires/Madrid, Katz, 2010).

En nuestro país, han aparecido también algunas reflexiones importantes sobre este tema: el volumen colectivo coordinado por Jesús Hernández Alonso, Álvaro Delgado-Gal y Xavier Pericay (eds.), La universidad cercada. Testimonios de un naufragio (Barcelona, Anagrama, 2013, 392 p.); el monográfico de Athenea Digital. Revista de pensamiento e investigación social, vol. 13, n. 1, marzo 2013, editado por José Enrique Ema, José García Molina, Sonia Arribas y Germán Cano, y titulado “¿Qué (nos) está pasando en la universidad?”; y el artículo de María José Guerra: “Política y educación en la universidad española. Neoliberalismo, burocratización y sociedad del control“, en sinpermiso, 10, 2011, pp. 33-48 (una versión posterior y más abreviada de este artículo ha sido publicada en la edición electrónica de la revista: "Crisis y desmantelamiento de la universidad española", sinpermiso, 17/06/2012).

Sin embargo, hasta ahora, estas voces críticas han sido desoídas o rápidamente acalladas. La manera de acallarlas es muy sencilla: los que se resisten a obedecer la nueva Palabra de Dios, en el mejor de los casos, son unos nostálgicos de los viejos saberes cívicos, humanísticos y artísticos, cuya financiación es muy costosa y muy poco productiva; y, en el peor de los casos, son personas vagas e ignorantes, incapaces de competir con los científicos “excelentes”, y que por tanto merecen ser excluidas sin piedad de la luminosa “sociedad del conocimiento”.

Por eso, además de las voces críticas, son cada vez más necesarias las respuestas prácticas, y en especial las acciones coordinadas de asociaciones e instituciones académicas de ámbito nacional e internacional.

El 17 de junio de 2011, la Conferencia Española de Decanatos de Filosofía aprobó un documento titulado “Propuesta de revisión del sistema de evaluación de los sexenios”, redactado por Ángela Sierra González (decana de la Facultad de Filosofía de la Universidad de La Laguna), Manuel Barrios Casares (decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Sevilla) y yo mismo (como decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Murcia). En ese documento, criticábamos el actual sistema de evaluación de la investigación, especialmente en el ámbito de la Filosofía y, en general, de las Humanidades y las Ciencias Sociales, y formulábamos una serie de propuestas de mejora, entre ellas la introducción de procedimientos de evaluación cualitativa -y no sólo cuantitativa- de la investigación. El 28 noviembre de ese mismo año, presentamos el documento al Director General de Política Universitaria y al Coordinador de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI). Nos escucharon muy amablemente, pero no atendieron ninguna de nuestras propuestas.

Dos años después, en el marco de las I Jornadas de la Red española de Filosofía (REF), los compañeros de la Comisión de Investigación mantuvieron un debate abierto sobre la conveniencia de modificar los actuales sistemas de evaluación de la investigación, pero no presentaron ningún documento de consenso susceptible de ser aprobado por la asamblea general de la REF, así que se acordó continuar trabajando en el seno de la Comisión, con la esperanza de llegar a un consenso mínimo en el I Congreso de la REF, que tendrá lugar en septiembre de 2014.

Hace unos días, mi hija Inés, que es socióloga, me hizo llegar esta noticia: “Sociólogos alemanes proponen boicotear el ránking académico”. Se trata de un artículo firmado por Klaus Dörre, Stephan Lessenich e Ingo Singe, tres profesores del claustro de la Universidad Friedrich Schiller de Jena, Alemania. El artículo fue publicado originalmente en el boletín electrónico de la International Sociological Association. Pero ha sido traducido al español por Carlos Piera y editado por la revista sinpermiso. Se puede encontrar más información sobre esta noticia en la página de la German Sociological Association (GSA).

En efecto, la prestigiosa German Sociological Association (GSA) ha decidido posicionarse en contra del llamado “capitalismo académico”, una tendencia internacional que está transformando profundamente el funcionamiento de las universidades y centros de investigación públicos, al imponerles el modelo gerencial de las empresas privadas, mediante procedimientos de evaluación meramente cuantitativos y la elaboración de rankings competitivos, que a su vez condicionan la financiación, multiplican la burocracia y distorsionan profundamente el trabajo docente e investigador.

Por todo ello, la GSA ha decidido boicotear a partir de este año el ranking del Center for the Development of Higher Education (CHE), que sin duda es el ranking más influyente en el mundo de habla alemana. La iniciativa fue tomada inicialmente por el Instituto de Sociología de la Universidad Friedrich Schiller de Jena, tras haber sido clasificado como uno de los mejores del ranking 2011. El Instituto declaró que este procedimiento de evaluación es muy inadecuado, pues fabrica sistemáticamente ganadores y perdedores, pero no ayuda a mejorar la calidad del trabajo científico.

Al boicot promovido por el Instituto de Sociología de la Universidad Friedrich-Schiller de Jena, no solo se ha sumado la German Sociological Association (GSA), sino también la mayoría de departamentos de Sociología de las universidades alemanas. Y también está siendo apoyado por otras disciplinas: historiadores, filólogos, químicos, pedagogos y politólogos han decidido no seguir participando en el ranking CHE.

Esto no significa que la GSA se oponga a cualquier tipo de evaluación del rendimiento académico. Por el contrario, ha puesto en marcha un sistema de evaluación alternativo, exclusivamente para información de los estudiantes. También ha decidido crear un grupo de trabajo para proponer nuevos mecanismos de evaluación de la calidad docente e investigadora. Finalmente, la GSA ha invitado a la comunidad científica internacional a seguir su ejemplo.

Mi amiga María José Guerra me hizo llegar otra noticia relacionada con el mismo asunto, pero esta vez procedente de Estados Unidos: The San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA), es decir, la Declaración de San Francisco sobre la Evaluación de la Investigación. Esta Declaración ha sido promovida por la American Society for Cell Biology (ASCB), junto con un grupo de editores y redactores de revistas académicas, y plantea abiertamente la necesidad de revisar y mejorar las formas en que se evalúan los resultados de la investigación científica, dado que los actuales “indicadores de impacto de las revistas” -como los que ofrece el Journal Citation Report (JCR), propiedad de Thomson Reuters ISI (Institute for Scientific Information)-, son considerados inadecuados e insuficientes, y en modo alguno pueden reemplazar a la evaluación cualitativa de los contenidos de la investigación.

El grupo promotor de DORA se reunió en diciembre de 2012, durante la reunión anual de la American Society for Cell Biology (ASCB) en San Francisco, y posteriormente distribuyó un proyecto de declaración entre diversas personas y organizaciones interesadas. Desde entonces, en los primeros cinco meses de 2013, la Declaración ha sido firmada por varios miles de investigadores y varios centenares de organizaciones académicas de todo el mundo. Se trata de una iniciativa mundial, que pretende lograr el apoyo de todas las disciplinas académicas. Las personas y organizaciones interesadas pueden suscribir la Declaración en este enlace.

Reproduciré aquí solamente cuatro de las dieciocho recomendaciones de la Declaración de San Francisco. La primera de ellas, denominada “Recomendación general”, dice así: “1. No utilice las mediciones basadas en revistas, tales como el Journal Impact Factor [publicado por el Journal Citation Report (JCR)], que son una medida sustituta de la calidad de los artículos de investigación individuales, para evaluar las contribuciones del científico individual, o para tomar decisiones sobre contratación, promoción o financiación.”

La segunda recomendación, dirigida a los “Organismos de financiación”, dice así: “2. Sea explícito acerca de los criterios utilizados en la evaluación de la producción científica de los solicitantes de subvención, y destaque claramente, sobre todo para los investigadores en fase inicial, que el contenido científico de un artículo es mucho más importante que las mediciones de la publicación o la identidad de la revista en que fue publicado.”

La séptima recomendación, dirigida a las “Editoriales” de revistas académicas, dice así: “7. Facilite una serie de indicadores relativos a los artículos, para fomentar un cambio hacia una evaluación basada en el contenido científico de cada artículo, y no en los indicadores cuantitativos de la revista en que fue publicado.”

La decimoquinta recomendación, dirigida a los “Investigadores”, dice así: “15. Cuando participe en comités encargados de decidir sobre la financiación, contratación, permanencia o promoción [de personal investigador], realice evaluaciones basadas en el contenido científico y no en la medición de las publicaciones.”

Como puede observarse, las recomendaciones de DORA cuestionan radicalmente el modo en que están siendo evaluados los sexenios de investigación en España, y sobre todo el modo en que están siendo utilizados para decidir sobre la financiación, contratación, permanencia o promoción del personal docente e investigador, e incluso sobre el reconocimiento y financiación de proyectos, programas de doctorado e instituciones académicas.

Estas dos iniciativas, la de los sociólogos de Alemania y la de los biólogos de Estados Unidos, deberían animarnos a emprender, también en España, un serio debate sobre los actuales rankings de universidades y centros de investigación, sobre los sistemas de evaluación de la investigación que les sirven de soporte, y sobre el modo en que estos rankings y sistemas de evaluación meramente cuantitativos están siendo utilizados por las agencias evaluadoras, las autoridades ministeriales, los gobiernos de las comunidades autónomas y las propias universidades para reorganizar profundamente -y no necesariamente para mejor- nuestra actividad docente e investigadora.

Última actualización: junio_2013 04/06/2013 11:00

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